Mirador Ambiental

En los primeros días del mes de abril el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU hizo público un estudio bastante bien documentado sobre este fenómeno inhumano que lacera a México desde hace décadas. La magnitud de esta tragedia puesta en números, dolorosos y escalofriantes, no sorprende a los mexicanos.

Esta oscura realidad aparece todos los días y transita de los testimonios orales locales hasta la prensa estatal, nacional e internacional. No hay hogar sin oraciones y ruegos para mitigar el sufrimiento de quienes sufren el martirio de un desaparecido o un asesinado. No hay día en que no se reclame justicia.

Desde hace décadas se ha exigido a quienes ejercen el poder ꟷporque es su deber constitucionalꟷ la urgencia de un sistema que prevenga, ataque y elimine las condiciones que abonan a este tipo de criminalidad, ya sea que provenga de particulares o del Estado. Se ha urgido a que en todos los casos haya esclarecimiento, justicia, reparación del daño y garantías para que eso no vuelvan a ocurrir.

Lo que se ha hecho al respecto, hasta ahora, ha sido poco e ineficiente, como también lo demuestra el informe del CED de la ONU. Tan es así que el fenómeno ha escalado de manera cuantitativa como cualitativa.

Los números actuales, además de ser horrendos e imparables, demuestran la ausencia de todo límite ético. Los perpetradores mandan con ello un mensaje de terror para imponer y mantener la sumisión sobre la sociedad mexicana, lo cual es inaceptable en toda sociedad democrática que se dice respetuosa de los derechos humanos. Y ha escalado cualitativamente porque semejante monstruosidad no podría ser sin la participación o la omisión de quienes desde el Estado han construido alianzas con los grupos criminales.

Tenemos ahora personajes en los más altos niveles de las instituciones del Estado que arropan, dirigen y diseñan acciones criminales. El Estado mexicano está siendo copado por la acción criminal de manera creciente, comenzando por los ayuntamientos, pasando por los legisladores locales, federales, senadores e involucrando a gobernadores. Es decir, el problema es sistémico.

El informe del CED de la ONU, sin embargo, fue tomado como una ofensa en Palacio Nacional y ha sido descalificado por las élites del poder político. De manera singular el término “posible crimen de lesa humanidad” ha sido considerado como exagerado y carente de sustento, más aún, que en ello tenga responsabilidad el Estado mexicano.

El fenómeno de los desaparecidos en México por sí sólo (más allá del de los desplazados, los asesinados, los secuestrados y los extorsionados), pudo ser catalogado por este organismo como “posible crimen de lesa humanidad” porque el significado de esta expresión jurídica es que con ello se agravia a la humanidad, se le ofende, pero, además, porque las evidencias apuntan a que no se trata de actos aislados, sino que forman parte de un plan sistemático y a gran escala.

Entre los compromisos asumidos por los países firmantes de la Carta de las Naciones Unidas, y México forma parte de ellos, hay uno que establece que están obligados a respetar los derechos humanos y a cumplir de buena fe sus acuerdos. Se considera que la omisión ante la desaparición sistemática o generalizada, por parte de un Estado, constituye responsabilidad internacional por crímenes de lesa humanidad. Así de explícito.

Si revisamos la realidad de la desaparición forzada en nuestro país podemos confirmar que la omisión es uno de los rasgos distintivos en la operación del Estado mexicano para combatirla. Se estima, conforme al derecho internacional, que “el incumplimiento del deber de investigar, prevenir y sancionar estas violaciones, aun cuando sean perpetradas por particulares, convierte al Estado en cómplice, especialmente bajo contextos de crisis documentadas.”

De 132,534 desaparecidos reconocidos por el gobierno de México sólo 3,869 tienen carpeta de investigación, es decir, el 97.1% no cuenta con ese registro. La omisión es evidente. La crisis por los ya desaparecidos es expresión de algo más.

Conforme a estudios de World Justice Project (WJP), nuestro país ocupó el puesto 118 de 143 en el Índice Global de Estado de Derecho 2024, pero en 2025 cayó tres puestos y se fue hasta el 121. En la región México está en los últimos lugares de América Latina. De acuerdo con este estudio México “enfrenta serios desafíos en justicia penal, justicia civil y ausencia de corrupción, situándose entre las naciones con menores avances institucionales.”

En materia de justicia penal, que es decisiva en el tema de los desaparecidos, nuestro país se sitúa en el lugar 135 de 143. De los delitos cometidos en el país sólo se resuelven el 0.9%. Pero, de cada 100 delitos cometidos sólo se denuncian 6.4 y de los denunciados cerca del 89% no se sanciona. De ese tamaño es la impunidad, la omisión. Todo lo anterior forma parte, de manera lamentable, del contexto sistémico-institucional de la desaparición forzada en nuestro país.

Lo que debió hacerse desde hace mucho tiempo se ha pospuesto o dejado de hacer con las consecuencias que ahora lamentamos y enojan al gobierno federal. Este problema que ahora está ante los ojos de la ONU, no obstante, es apenas la punta del iceberg. El gobierno de la república bien haría en limpiar los lentes con los que observa esta realidad, sobre todo limpiarlos del ruido ideológico que todo lo empaña, porque si no lo hace terminará agudizando la crisis humanitaria del país.

Y mejor haría aún si coordina acciones con el CED de la ONU para operar estrategias que permitan frenar esta tragedia y se hagan valer los derechos humanos para bien de todos los mexicanos. No hay política más humanista que aquella que pone en el centro de manera consecuente la práctica y defensa de los derechos humanos.

El problema que señala el CED de la ONU es una oportunidad ante la cual debe demostrarse esa congruencia. Y sí, la magnitud cualitativa y cuantitativa de las desapariciones en México es un acto abominable de “lesa humanidad” conforme a los parámetros de la ONU.

*El autor es analista político, experto en temas de Medio Ambiente, e integrante del Consejo Estatal de Ecología