Inician los procesos electorales 2026-2027
Yurisha Andrade Morales*
El jueves de la semana pasada el Instituto Nacional Electoral inició el proceso electoral 2026-2027, mientras que el Instituto Electoral de Michoacán lo hizo un día después. Se trata de momentos que formalizan el punto de partida para desarrollar un nuevo ciclo de renovación periódica de los poderes públicos, una fiesta cívica que aspiramos sea pacífica, un ejercicio democrático libre, en el cual 101.6 millones de mexicanas y mexicanos podremos decidir en las urnas qué partidos y personas ocuparán los cargos ejecutivos y legislativos en la jornada de votación convocada para el 6 de junio de 2027.
Se trata, otra vez, de las elecciones más grandes de la historia, por la dimensión del listado nominal y porque se renovarán poco más de 20 mil cargos públicos: 500 diputaciones federales y 19 mil 609 cargos en las 32 entidades federativas, entre las que destacan 17 gubernaturas. Para la recepción, escrutinio y cómputo de los votos, el INE calcula instalar alrededor de 177 mil casillas únicas, que recibirán los sufragios de elecciones federales y locales, integradas por personas sorteadas en cada sección electoral, capacitadas para las actividades de la jornada electoral, con la vigilancia de representantes de los partidos políticos y de personas que se acrediten como observadoras electorales.
Las capacidades técnicas, pero, sobre todo, la autonomía de las instituciones electorales estará de nuevo a prueba. Su misión principal consiste en garantizar la integridad de los procesos electorales, en aplicar imparcialmente las reglas del juego y vigilar que los actores políticos y servidores públicos se sujeten a ellas, en un mundo globalmente digitalizado donde, al mismo tiempo, las redes sociales ofrecen un enorme potencial para desplegar campañas de posicionamiento de candidaturas y sus plataformas electorales y para que se difundan campañas negras y las fake news que buscan confundir a la ciudadanía y tergiversar aspectos centrales de los comicios. Las autoridades electorales también enfrentarán el reto de fortalecer la ciberseguridad de los sistemas que habilitarán para informar sobre el desarrollo y resultados de las elecciones.
El banderazo de arranque de los procesos electorales está precedido de una enorme deliberación pública sobre los procesos internos de varios partidos políticos, las llamadas precampañas adelantadas, que en las últimas semanas se han desarrollado de manera abierta y que, diversos analistas y medios de comunicación, han calificado como inequitativos. El propio INE fue escenario de un intercambio de señalamientos entre partidos políticos sobre la legalidad o ilegalidad de estos ejercicios y sobre la falta de lineamientos que no emitió la autoridad electoral para regularlos y fiscalizar los montos de recursos invertidos y su origen.
Los comicios que inician ofrecen otras novedades frente al pasado reciente, como el funcionamiento de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE, creada a propósito de la reciente inclusión de tres artículos en la ley electoral que establece un mecanismo para que voluntariamente los partidos políticos entreguen la lista de sus aspirantes a cargos de elección popular para que sean revisados por diversas instancias, a efecto de determinar si existen o no “riesgos razonables” de posibles vínculos con grupos del crimen organizado, así como la nueva causal de anulación de elecciones por intervención extranjera y, de aprobarse, la reforma constitucional en marcha sobre la prohibición expresa para ocupar gubernaturas cuando la persona tenga doble nacionalidad, temas a los que ya me referí en aportaciones anteriores.
Las elecciones de 2027 también entrañan retos esenciales para las autoridades y ciudadanía, en un mundo dominado por la creciente intervención de la inteligencia artificial. El voto ciudadano definirá el rostro de la democracia mexicana eligiendo de entre las opciones que ofrecen los partidos políticos, dos nuevos de reciente creación y también por las candidaturas independientes. El voto debe ser informado sobre el perfil de las candidaturas, pero también debe ser razonado sobre los efectos que genera en la distribución del poder.
Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
