El gobierno de Michoacán borra videos clave, es señalado por reporteros de obstaculizar la investigación de la FGE a la agresión a la periodista Dalia Villegas.
Morelia, Michoacán.- La periodista, Dalia Villegas Moreno, denunció que el gobierno de Michoacán pretende frenar la investigación federal sobre la agresión que sufrió el 2 de noviembre dentro de Palacio de Gobierno, luego de que la administración estatal reconociera que los videos del interior fueron “borrados” a los dos días.
Durante el pronunciamiento público que encabezó este lunes, Dalia Villegas recordó que los hechos ocurrieron dentro de Palacio de Gobierno y que fue “agredida por un servidor público (el exsecretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés), quien vulneró derechos protegidos constitucional y convencionalmente”.
Relató que presentó su denuncia desde el 3 de noviembre ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, ambas de la FGR, y que el 7 de noviembre se realizó una recreación de los hechos dentro del edificio.
Sin embargo, señaló que la investigación se encuentra “prácticamente integrada, pero detenida por la falta de material videográfico”.
La periodista afirmó que la negativa del gobierno estatal a entregar los videos representa un obstáculo deliberado para esclarecer la agresión.
“La retención y presunta eliminación de los videos del interior de Palacio es inaceptable”, dijo.
Explicó, la administración estatal argumentó que el sistema elimina automáticamente las grabaciones en dos días, pese a que el Ministerio Público Federal los solicitó “con la oportunidad técnica necesaria”.
Añadió que esta ausencia de pruebas impide que el caso sea llevado ante un juez, pues detalló:
“No hay evidencia de la agresión y ese es el punto de la investigación ahorita. No se puede judicializar”.
También criticó la pasividad de la FGR, pues mencionó: “Es desconcertante que el Ministerio Público Federal no haya ordenado ya un cateo a Palacio de Gobierno”.
Insistió en que la omisión “retrasa el proceso y alimenta la percepción de que no se está actuando con la urgencia que se debe ante este ataque a la libertad de expresión”.
El pronunciamiento contó con la presencia de periodistas del colectivo NiUnoMás Michoacán, quienes respaldaron a la comunicadora y denunciaron una creciente hostilidad del gobierno estatal hacia la prensa.
Patricia Monreal Vázquez, vocera del grupo, expresó que la violencia contra periodistas en Michoacán “se ha venido recrudeciendo” y subrayó que en el caso de Dalia Villegas “la voluntad queda manifiesta que es inexistente al entorpecer el proceso y mantener una postura reacia hacia la consecución de la justicia”.
Otros reporteros coincidieron en señalar que la falta de transparencia del gobierno estatal, sumada a la ausencia de pronunciamientos institucionales, envía un mensaje de permisividad frente a las agresiones.
Andrés Resilla, integrante del colectivo de periodistas, afirmó que “el silencio nos manda un mensaje… que estamos a expensas de las agresiones de parte del Estado”.
Raúl López Téllez comentó que el caso de Dalia Villegas “acentúa ese control y la uniformidad que se quiere mantener en los medios de comunicación en Michoacán”, mientras que la periodista Liliana Jiménez —quien también fue agredida en la cobertura de la manifestación del 15 de noviembre—, cuestionó la falta de atención institucional:
“El gobierno de Michoacán es omiso a lo que estamos pasando. A cada rato nos golpean”.
Desde Uruapan, la periodista Lucero Estrada alertó sobre las implicaciones democráticas del caso:
“Sin la voz crítica de la prensa, los actos de corrupción, abuso de poder o violencia quedarían en la oscuridad y la impunidad”.
Finalmente, Dalia Villegas, concluyó que seguirá adelante con la denuncia e incluso agregó:
“No vengo a protagonizar ni a victimizarme. Esta ofensa es para todo el gremio. Se está atentando contra dos derechos: la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Indicó que actualmente cuenta con medidas de protección, aunque tardaron más de una semana en otorgarse, y reiteró que la evidencia en manos del gobierno estatal es indispensable para avanzar en la ruta jurídica.
El colectivo NiUnoMás cerró el acto con un mensaje conjunto, expresado principalmente por Patricia Monreal: “Dalia no está sola”, tras advertir que el gremio permanecerá vigilante ante cualquier intento de obstruir la justicia.
