Emite reglas obligatorias, digitaliza procesos y blinda servicios sensibles para cerrar espacios a abusos, fortalecer la transparencia y colocar a las víctimas al centro de la atención institucional.

Morelia, Michoacán, a 3 de marzo de 2026.- El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, anunció un paquete de decisiones estructurales que reconfiguran dos de los servicios que históricamente generaron mayor inconformidad social: el arrastre y depósito vehicular, y los procedimientos vinculados con la entrega de cuerpos.

En rueda de prensa, el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán afirmó que las nuevas disposiciones eliminan discrecionalidad, combaten prácticas indebidas y establecen controles verificables, al subrayar que se cierran espacios a abusos mediante reglas claras, supervisión institucional y el uso de tecnología para garantizar legalidad y trato digno.

En materia de arrastre y resguardo vehicular, la institución emitió lineamientos técnicos obligatorios que regulan de manera integral el traslado, depósito y custodia de vehículos asegurados, estableciendo tarifas autorizadas y tabuladas, un proceso de convocatoria pública para empresas prestadoras del servicio y mecanismos permanentes de supervisión, con el objetivo de reducir costos desproporcionados y asegurar condiciones equitativas para la ciudadanía.

A la par, se implementó una plataforma digital que permite trazabilidad total, registro fotográfico, control de ingresos y egresos en depósitos y cadena de custodia electrónica, fortaleciendo la certeza jurídica y la transparencia operativa.

En cuanto a los servicios funerarios, se establecieron lineamientos específicos que prohíben cualquier tipo de condicionamiento o recomendación indebida por parte de servidores públicos en la contratación de funerarias, garantizando el derecho pleno de las familias a elegir libremente el servicio de su preferencia y reafirmando que la entrega del cuerpo es un trámite estrictamente gratuito.

El Fiscal enfatizó que el eje de esta decisión es colocar al centro a las víctimas y sus familias, evitando abusos económicos y asegurando acompañamiento institucional con sensibilidad y respeto.

En el ámbito tecnológico, el director general de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística, Jorge Luis Gallardo Jacobo, informó que avanza la consolidación de la plataforma digital Accesius, sistema que sustituye al aplicativo anterior y permite el registro electrónico de carpetas de investigación con huella digital de cada movimiento procesal, evitando la recaptura de información y reduciendo la revictimización.

Desde su implementación se han registrado cerca de 25 mil denuncias, de las cuales aproximadamente el 30 por ciento fueron presentadas en línea, reflejando una creciente adopción del canal digital.

El sistema concentra información en una base integrada, opera bajo estándares de gobernanza y protección de datos, e incorpora mecanismos de alertamiento y seguimiento interno para fortalecer el control institucional.

En materia preventiva, la titular de la Policía Cibernética, Patricia Cecilia Navarrete Soriano, informó que desde noviembre de 2025 se han desarrollado 27 foros “Desconek-tate y Reconek-tate”, impactando a 29 mil 805 jóvenes, madres, padres de familia y personal educativo.

Un diagnóstico aplicado al 10 por ciento de los asistentes permitió identificar 7 mil 757 adolescentes con conductas de riesgo, 367 familias con funcionalidad alterada y 230 en condición de disfunción, con un 41.4 por ciento de riesgo crítico en municipios prioritarios; la estrategia contempla reducir en 30 por ciento el bullying y ciberbullying, incrementar en 40 por ciento la convivencia familiar y mejorar en 15 por ciento el rendimiento académico mediante intervenciones multidisciplinarias.

Finalmente, Carlos Torres Piña reafirmó el compromiso de la institución con la rendición de cuentas, la evaluación permanente y la modernización continua de sus servicios, al señalar que la transformación en curso no sólo busca eficiencia operativa, sino también humanizar la procuración de justicia y fortalecer la confianza ciudadana, consolidando una Fiscalía más transparente, más moderna y más cercana a la gente.