El Derecho a la Ciudad
DE TARIFA A POLÍTICA DE MOVILIDAD
Salvador García Espinosa
El pasado viernes 7 de agosto se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el Dictamen para actualizar la tarifa del transporte público que, de acuerdo con el Artículo 3°, se incrementa de $11.00 (once pesos 00/100 m.n.) a $12.00 (doce pesos 00/100 m.n.).
El último aumento a la tarifa del transporte público colectivo fue hace poco menos de un año y medio, el 16 de abril del 2025, en que pasó de $10.00 a $11.00; desde entonces se plantean algunas excepciones de pago: además de los menores de 3 años, las personas que padezcan cáncer, de lo cual deben portar la acreditación correspondiente, mientras que los adultos mayores y personas con discapacidad cubrirán la tarifa de $11.00 pesos. El Decreto señala que se realizó un Estudio Técnico de Evaluación Tarifaria y con base en dicho estudio “…resulta necesario autorizar un incremento en la tarifa para el Transporte Público…”.
En México, desde el 2020 la movilidad se declaró el acceso a la movilidad segura como un derecho humano consagrado en el artículo 4 de la Constitución; tan sólo dos años después se aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Posteriormente, en 2023 Michoacán aprobó la Ley de Movilidad estatal. La relevancia de la movilidad como derecho es que se trata de un derecho llave, dado que garantiza a toda persona mediante el traslado el acceso a otros derechos como educación, salud, cultura, recreación, etc.
Para dimensionar la relevancia del costo del transporte en la economía familiar, hay que tomar en cuenta que en los hogares mexicanos se destinan, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, en promedio $3,106 pesos mensuales al rubro general de transporte. Sin embargo, en Michoacán, para el 2025, el gasto promedio mensual por hogar no es sólo cinco veces mayor, pues asciende a $15,217 pesos mensuales; de este modo, representa el segundo mayor destino de gasto de las familias, después de los alimentos.
Bajo este marco, el tema del transporte público y su tarifa no debe ser un asunto aislado, pues debería constituir parte esencial de una política pública de movilidad. La propia Ley de Movilidad estatal señala entre sus objetivos (Artículo 4) “Sentar las bases de la política de movilidad y seguridad vial, bajo un enfoque sistémico y de sistemas seguros, para priorizar el desplazamiento de las personas, particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad; las personas que ejercen la movilidad del cuidado…” Algunos criterios para transitar del Decreto a una política pública de movilidad podrían ser:
Si en Michoacán el programa Gertrudis Bocanegra otorga una beca de transporte dirigido a estudiantes universitarios de escuelas públicas, consistente en un apoyo económico de $1,900 pesos bimestrales, que de acuerdo con las declaraciones oficiales beneficia a 98 mil alumnos de educación superior, la tarifa autorizada representaría aproximadamente el equivalente a 2 viajes diarios. Si el decreto hubiera establecido la gratuidad del transporte a todos los alumnos matriculados en el sistema público de educación superior, se beneficiaría al 2.7% de la población total del estado que equivalen a unos 138,000 alumnos.
Otro de los grupos vulnerables son las mujeres, y aún más las madres de familia, quienes muchas de las veces llevan a sus hijos a la escuela en el transporte público. En Michoacán representa cerca del 27% de la población total del estado y 54% de la población femenina total, representan aproximadamente 1.3 millones de madres de familia, a quienes la exención del pago del transporte público representaría un verdadero beneficio a la economía familiar. Otro criterio podría ser geográfico, por ejemplo, sólo en Morelia, aproximadamente 3 de cada 10 hogares tienen jefatura femenina, las madres de familia representan aproximadamente el 27% del total de los habitantes, es decir, unas 250 mil mujeres.
Un criterio distinto sería una tarifa diferencial, de acuerdo con la distancia intraurbana, en donde se aplica un subsidio, para abaratar algunas rutas de la ciudad y compensar en algo, la distancia y el tiempo de traslado. Se asume que entre más lejos de la ciudad, disminuye el poder adquisitivo de la población.
Finalmente, existe una diversidad de mecanismos y opciones para avanzar en el tema de movilidad urbana y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Michoacán. Sólo se requiere unir esfuerzos y atreverse a nuevos enfoques, tal y como ha ocurrido con el denominado teleférico o cablebús y el semimasivo Morebús.
