Giovanna Cortez Miranda

En México, el artículo 6° de nuestra Constitución Política, garantiza el derecho a la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas por cualquier medio, estableciendo “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; mientras que el artículo 7° del mismo ordenamiento señala “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares… En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito”.

Ahora bien, en el marco de los derechos reconocidos internacionalmente, la protección del derecho a la protesta marca estándares internacionales que garantizan su ejercicio, considerando que “la protesta es un derecho con multiplicidad de características que lo vinculan con otros derechos en formas diversas, es decir, se reconoce como un derecho que busca la reivindicación de otros derechos”, así se contempla en diversos criterios publicados por la oficina del Alto Comisionado de México en la ONU en materia de Derechos Humanos, e incluso, según estos criterios, la protesta se eleva a una forma de participación directa en la vida pública “En la democracia convergen dos formas de participación directa en la vida pública: el voto y la protesta”.

Por lo anterior, es obligación del gobierno mantener un equilibrio entre lo que el pueblo expresa mediante el voto y lo que expresa públicamente, es decir, la participación de las autoridades debe procurar la justicia social, antes que los medios coercitivos para ajustar la expresión de las ideas y las manifestaciones a un marco de control público en donde no solo se afectan derechos de los manifestantes; sino, los derechos de los medios de comunicación cuando se les limita o llega a impedir la difusión de las ideas públicas como un medio de control autoritario.

En tal sentido, el ejercicio de las protestas públicas, deben encaminarse desde diferentes políticas públicas, hacia la práctica pacífica no solo de los protestantes; sino de las mismas autoridades, disminuyendo las afectaciones humanas y patrimoniales respecto de particulares, medios de comunicación y edificios públicos, esto es, implementando protocolos para la promoción, defensa, materialización y protección de las manifestaciones. Más que buscar reprimir y castigarlas, las mismas deben medirse desde un ángulo justo, ya que, son estas, el único medio con que cuenta el pueblo para expresar sus afectaciones en virtud de que la mayoría de los ciudadanos no tiene acceso a un micrófono, a un medio de publicidad o incluso, es casi imposible tener un acercamiento personal con nuestros gobernantes; por lo que históricamente el ejercicio de “levantar la voz” se ha desarrollado desde una necesidad urgente para poder ser escuchados, pues la persona que quiere ser oído públicamente es porque ya ha recorrido un camino en donde no ha podido ejercer sus derechos e incluso esa necesidad se finca en un estado de indefensión que lleva a sentirse víctimas de un sistema que no da respuesta a nuestros derechos como ciudadanos. Por lo que la consideración de que la protesta deriva del deber de reivindicar otros derechos implica violaciones previas a derechos humanos y la urgencia de hacerlas valer por cualquier medio en busca de justicia.

De ahí que “levantar la voz” se haga no solo indispensable, sino que se traduzca en el ejercicio de un derecho humano que además de respetarse, debe protegerse, garantizarse y promoverse para su ejercicio, pues como ejercicio democrático, fortalece además la incidencia del gobernado en la vida pública no solo en el momento del sufragio, sino como un medio permanente de mostrar su voluntad soberana. Tengamos presente que son más las victorias sociales que se han alcanzado en las calles que las que se han logrado en las tribunas y que esta práctica involucra sobre todo a sectores feministas, personas de comunidades indígenas, campesinos, personas con discapacidad, estudiantes y jóvenes a quienes es nuestro deber dar un ejemplo de tolerancia y respeto a sus derechos.

Sin embargo, hoy en día, el ejercicio de este derecho enfrenta a las personas a un escenario difícil, por lo que no cualquiera está dispuesta a ejercerlo; por eso, es también una obligación como comunidad, ser empáticos con los diversos grupos quienes ante la violación a algún derecho incluido la falta de seguridad y gobernabilidad, se ven en la necesidad de dejar sus hogares y sus actividades para salir a defender una causa que desde su sentir consideran justa; para afrontar el riesgo, primero, de ser observados, después, a la crítica de los demás, de ser revictimizados en su dolor y finalmente asumir la dura posibilidad de que el Estado anule su sentir, sus derechos, la expresión de sus ideas, que calle su voz e ignore sus afectaciones, reprimiéndoles arbitrariamente; actitud con la cual, no solo no disminuye la tensión en los manifestantes, sino que eleva el nivel de conflicto, pero más grave aún es la violación sistemática de los derechos del ser humano que busca ser escuchado.

Desafortunadamente, es común presenciar en discursos oficialistas, la crítica a las marchas poco concurridas por sobre las marchas masivas, con la intención de demeritar sus causas, haciendo énfasis con orgullo en el poder de convocatoria que tiene el gobierno (con nuestros impuestos) al reunir a miles de personas en mítines; con lo que se da como resultado un mensaje de división social, cuando lo correcto debería ser validar las causas y peticiones y buscar soluciones pertinentes.

Por otra parte, ha sido motivo de estudio en el área de la victimología, el hecho de que una persona víctima tiene pocos recursos para superar el daño y el dolor, uno de ellos es su necesidad de expresar lo que siente una vez que recibe un daño, es decir una necesidad apremiante de quien recibe una afectación es SER ESCUCHADA y desafortunadamente nuestro sistema jurídico pocas veces contempla los métodos para que las víctimas puedan ser atendidas integralmente. Ahora bien, no podemos negar que como sociedad, la ausencia de seguridad a que hemos sido expuestos durante las últimas décadas, nos ha hecho víctimas de un sistema de gobierno que no cumple con nuestras exigencias básicas, porque cuando adolecemos de protección y seguridad, de manera inminente nuestra paz, educación, salud y economía se ven disminuidos, por lo que la tensión en que vivimos ha venido en aumento al grado de que hoy en día, es imposible permanecer pasivos y callados cuando vivimos en carne propia y en la de nuestra gente cercana los daños que nos ha acarreado la situación política y social que estamos enfrentando, y que como víctimas directas e indirectas, nos obliga, como se ha asentado, a “levantar la voz”.

Entonces es de recalcar que el Estado, está obligado no solo a respetar, sino a brindar seguridad a los manifestantes y a la población en general, a fin de que, en el ejercicio pacífico de las mismas, no hayan eventos que puedan poner en riesgo a las personas, lo anterior, con la intención de salvaguardar efectivamente un derecho consagrado constitucionalmente y contemplado además por entes internacionales. La reivindicación de este ejercicio por parte del Estado debe favorecer precisamente la relación gobernante-gobernado. Por lo que los actos de las autoridades que reprimen, silencian, agreden y violentan con la premisa de salvaguardar el orden, es contrario a su deber protector en materia de seguridad pública, ya que dichas conductas son propias de gobiernos autoritarios, represores y dictatoriales.

En conclusión, la protesta y la manifestación pública es un medio que cualquier país que se precie de ser democrático, y cualquier persona que se diga de izquierda o derecha debe no solo respetar sino promover, pues además del voto como un derecho para elegir, la protesta publica emerge como un derecho de evaluar y concientizar para lograr el cambio social siendo un aporte a la mejora de vida de todos los ciudadanos.