La iniciativa presentada por el gobierno de Claudia Sheinbaum para elevar de forma significativa los aranceles a países sin tratado de libre comercio ha generado un intenso debate en el plano económico y diplomático, colocando a México en el centro de una discusión global sobre proteccionismo, cadenas de suministro y competitividad.
La propuesta, incluida en el Paquete Económico 2026, contempla impuestos de hasta 50% en más de 1,400 categorías de productos, desde automóviles hasta textiles y electrodomésticos. El objetivo declarado: blindar sectores considerados estratégicos y reducir la dependencia de importaciones.
La medida fue recibida con críticas inmediatas por parte del gobierno chino, que calificó la propuesta como “coercitiva” y contraria al espíritu del comercio internacional. Beijing expresó su preocupación por el golpe que sufriría su creciente participación en el mercado automotriz mexicano, donde marcas chinas han alcanzado casi un tercio de la cuota en los últimos diez años.
Al mismo tiempo, la Cámara de Comercio y Tecnología México-China advirtió que los aranceles podrían provocar un alza significativa en los precios al consumidor, afectar la transición hacia la electromovilidad y poner en riesgo miles de empleos vinculados con la importación y distribución de vehículos.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum defendió la iniciativa asegurando que se apega a los marcos establecidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que el impacto inflacionario sería limitado. Subrayó además que la medida busca fortalecer la producción nacional y dar certidumbre a las industrias locales.
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“Estamos abiertos al diálogo con todas las naciones involucradas. México no busca conflictos, busca equilibrar su desarrollo económico con reglas claras de competencia”, afirmó la mandataria.
Especialistas señalan que el trasfondo de la propuesta también responde a las crecientes presiones de Estados Unidos para frenar el ingreso de productos chinos a través de México, práctica conocida como triangulación. El reto para la administración mexicana será mantener el equilibrio entre proteger su mercado interno y evitar una escalada diplomática o comercial con países clave en sus cadenas de suministro.
El debate apenas comienza en el Congreso y los próximos meses serán decisivos para definir si México logra implementar una política de protección industrial sin desencadenar repercusiones inflacionarias ni tensiones comerciales que afecten su papel en el comercio internacional.
Fuente: El Imparcial
