Mirador Ambiental
Cuando en junio del 27 los ciudadanos vayamos a votar es muy probable que lo hagamos por aspirantes palomeados por los jefes narcos que controlan el distrito o el municipio que habitamos.
En los días que corren, según fuentes confiables, los operadores de los 17 cárteles que controlan los territorios del estado ya están trabajando en configurar los poderes que se elegirán, mucho antes de que los partidos políticos lo hagan.
El éxito de esta estrategia criminal consiste en que antes de que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto ellos hayan, desde las sombras, tomado la decisión de imponer, al precio que ellos conocen, a quienes deberán ser presidentes municipales o diputados.
Un escenario previsible es que la contienda en algunos distritos se dé, no entre partidos, sino entre cárteles, con las consecuencias que ya se conocen. Este fenómeno abominable ha venido avanzando. Hasta noviembre de 2025 delinquían en el estado 17 cárteles y operaban en los 113 municipios de Michoacán.
Conforme a un estudio de Víctor Sánchez, de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en materia de seguridad, de esos 17 grupos criminales, tan solo el CJNG tenía presencia en 111. En 60 municipios operan hasta 2 cárteles y en municipios como Aguililla, Múgica y Apatzingán convergen hasta 8.
Como es archisabido, el control de estos grupos ha ido más allá de actividades como el cultivo, elaboración y trasiego de estupefacientes o la extorsión y el secuestro, y han logrado hacerse de las riendas políticas de múltiples municipios e influir en las decisiones por arriba de los partidos.
En las fechas que corren, por ejemplo, ya existen aspirantes palomeados para diferentes municipios que sólo esperan la formalidad del proceso electoral para “legalizar” la voluntad del narco. Ni los partidos ni los institutos electorales tienen la rectoría. Es decir, la “soberanía del voto” se ha trasladado a los jefes de plaza del crimen.
Por enésima ocasión los partidos y el Estado están siendo rebasados con el riesgo de que la mayor parte de presidentes y diputados terminen en las manos de esos 17 cárteles. Está documentado que la clase política le ha abierto desde hace mucho tiempo las puertas a la operación criminal para asegurar con medios y recursos ilícitos el acceso y permanencia en el poder. Desde hace tiempo, por esta vía, se viene traicionando a los electores y a México.
El negocio del crimen organizado es cuantioso y se ha constituido en una reserva de caudalosos recursos para decidir campañas políticas demostrando tener más capacidades de operación electoral que los partidos.
De acuerdo con datos de especialistas, los michoacanos pagamos un sobreprecio del 25% sobre las mercancías y servicios que consumimos. De ese tamaño es el poder que detenta el estado paralelo del narco.
La plataforma financiera para sustentar este control territorial y político proviene de fuentes diversas. En su catálogo está la producción y comercio de aguacate, limón, mango, plátano, frutillas, mezcal, madera, resina, tortillas, molinos de nixtamal, carnicerías y pollerías.
Además, panaderías, tiendas de abarrotes y misceláneas, productores y vendedores de hielo; transporte público y de carga, materiales de construcción y ferretería, establecimiento de máquinas tragamonedas, gasolinerías, farmacias, talleres mecánicos; hoteles y restaurantes; empresas constructoras, bienes raíces y minería. Pero el “servicio” que mejor venden es el del terror.
Ejemplo de ello es la vigilancia y ataque con drones, la “siembra” de minas, el reclutamiento forzado, el despojo de tierras, la tortura y asesinato de quienes se resisten y la desaparición a niveles infernales, como el caso que se ha revelado por madres buscadoras en La Parotita, la barranca de más de 200 metros de profundidad entre Madero y Tacámbaro, en donde hasta ahora se han localizado restos de 375 personas.
Un genocidio gota a gota que no pudo realizarse sin la complicidad de políticos de la región encumbrados en el ejercicio del poder.
El control que el crimen tiene de una gran parte de las policías municipales es inocultable y eso solo pudo ocurrir porque primero controlaron a los presidentes municipales bajo distintas modalidades: iniciativa propia, amenaza o inacción. Las denuncias testimoniales de las víctimas abundan en la prensa y las redes sociales.
De ahí la postura del gobernador Bedolla que propone desaparecer las policías municipales, quien con seguridad tiene información alarmante.
Al paso de los años y por falta de acciones profundas y contundentes del Gobierno de la República, la política ha sido capturada por el narco y de esa confabulación han sacado provecho criminales y políticos, o mejor dicho políticos criminales.
La idea de operar solo acciones superficiales para acotar la participación del narco en las elecciones vendrá muy a modo a sectores importantes de la clase política que tienen echadas sus apuestas y su destino al padrinazgo de los jefes criminales.
Deshacer los planes que ya está operando el narco y sus políticos para ganar la elección del 27 supone, como lo hemos sostenido, destruir el nido de la serpiente, es decir, desmantelar el poder político que se esconde atrás de los 17 carteles que operan en Michoacán.
Ese debe ser el propósito más importante del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Si no hay resultados en este objetivo, la elección del 27 en el estado será, ni duda cabe, la elección de los 17 cárteles.
No bastará un simple certificado de antecedentes penales para contenerlos, urge un plan de inteligencia que identifique y encierre ahora a esos más de 30 presidentes municipales, varios diputados, funcionarios y dirigentes partidarios que trabajan para el narco. Sin esta condición los electores irán a ciegas y engañados a votar en junio del 27 por los candidatos palomeados por los capos de los 17 cárteles.
De no tomarse acciones enérgicas para cerrarles el paso, lo que tendremos será el crecimiento del control político criminal a partir del actual control que estos ya tienen sobre el territorio de Michoacán. Si ya los michoacanos vivimos un calvario, lo que pueda venir por falta de acciones será funesto.
Si no se desmantela el operativo criminal-electoral, la gente saldrá y votará por el narco.
*El autor es analista político, especialista en temas ambientales, e integrante del Consejo Estatal de Ecología
