Caso Sinaloa. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con “carácter estrictamente preventivo”. Esta medida responde a los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos y difundidos públicamente sobre el caso Sinaloa, que involucran al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

A través de un comunicado oficial, la UIF precisó que, derivado de las acusaciones, los bancos mexicanos —al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses— emitieron alertamientos sobre clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP), bajo sus propios mecanismos de cumplimiento y monitoreo.

De esta manera, y con base en los reportes bancarios denominados LPB 24 Horas, se ejecutó la inmovilización preventiva de recursos, con el objetivo primordial de proteger la integridad del sistema financiero nacional.

Alcance de la medida administrativa

La dependencia del Gobierno de México aclaró que estas acciones no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad penal, sino que son medidas preventivas de carácter administrativo.

Asimismo, las personas integradas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la ley. Esto incluye el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de interponer los recursos administrativos y jurisdiccionales que consideren procedentes para su defensa.

Finalmente, la institución indicó que actualmente se analiza información y documentación vinculada a las PEP incluidas en la lista. Este proceso se realiza bajo criterios técnicos, analíticos e institucionales, de la misma forma que cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.

Juan Carlos Huante / La Voz de Michoacán