Morelia, Michoacán.- A pesar de que el Congreso de Michoacán aprobó y etiquetó 35 millones de pesos en el presupuesto estatal de 2024 para edificar el Centro de Justicia para la Protección de la Niñez y la Adolescencia, hasta la fecha no existe claridad sobre el uso de esos recursos ni avances visibles en el proyecto.

La diputada Vanessa Caratachea Sánchez, quien preside la Comisión de Protección a la Niñez y la Adolescencia del Congreso local, señaló que las autoridades no han proporcionado información sobre el paradero de los recursos destinados a este centro, cuya sede se contemplaba en Morelia.

“El Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, cuya instalación estaba prevista en Morelia, aún no se ha concretado”, expresó.

“Durante la Glosa del informe del gobernador, solicitamos información sobre los avances de este centro, dado que no se incluyó en dicho informe”, explicó la legisladora.

La iniciativa, avalada el 25 de octubre de 2023 por el Congreso del Estado, pretendía establecer un espacio especializado en atención integral para infancias víctimas de violencia o situaciones de riesgo, con un enfoque multidisciplinario.

Indicó que el tema también se abordó desde la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, pero el dictamen fue pospuesto ante la falta de datos oficiales.

En ese contexto, explicó que al solicitar información a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), la respuesta fue que no se les asignó presupuesto alguno para la construcción del inmueble.

“Al cuestionar al secretario de la SCOP sobre la situación, nos informó mediante un oficio que no se le asignó presupuesto alguno para esta construcción. Por lo tanto, seguimos a la espera de una reunión en profundidad con él para esclarecer el destino de este Centro de Justicia”, declaró.

La diputada recordó que los fondos etiquetados provenían del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Aunque el recurso alcanzaba para la edificación del centro, su operación implicaba retos adicionales, debido a la necesidad de colaboración interinstitucional.

“Si bien el presupuesto cubría la construcción, la operación presentaba complicaciones, ya que se requerían recursos adicionales y la colaboración de diversas instancias como el DIF, la Fiscalía General y otras dependencias”, explicó.

Según la legisladora, la falta de avance ha derivado en una investigación para conocer qué ocurrió con los recursos, por qué no se inició la obra y por qué el Secretariado Ejecutivo no acató la decisión legislativa: “Lo cual implica una responsabilidad”.

“Los niños, niñas y adolescentes no deben verse perjudicados por cuestiones ajenas a sus necesidades”, expresó.

Y agregó: “Espero que no sea así, ya que implicaría anteponer temas personales a un proyecto que beneficiaría a una población vulnerable que representa una tercera parte del Estado de Michoacán”.

El Centro de Justicia buscaría evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes al ofrecer un espacio de atención digna, especializada y sin dilaciones. Por ahora, su construcción sigue en suspenso y el destino de los recursos, sin esclarecerse.