Las organizaciones Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica denuncian la desaparición de periodistas en Michoacán ante la ONU, buscando justicia y responsabilidad estatal.
Ciudad de México.- A un día de conmemorarse el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, las organizaciones Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica presentaron este 29 de agosto dos denuncias contra el Estado Mexicano ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, relacionadas con la desaparición de periodistas en Michoacán.
Las comunicaciones presentadas buscan que el organismo internacional admita los casos de María Esther Aguilar Cansimbe, reportera desaparecida en 2009 en Zamora, y José Antonio García Apac, fundador del semanario Eco de la Cuenca del Tepalcatepec, desaparecido en 2006 en Buenavista Tomatlán. Ambas desapariciones permanecen en la impunidad desde hace casi dos décadas.
RSF señaló que “estos casos demuestran que la desaparición forzada de periodistas sigue siendo una herida abierta en México. La inacción del Estado y la impunidad rampante han dejado a las familias desoladas, sin verdad ni justicia”.
Antoine Bernard, director de Incidencia y Asistencia de la organización, agregó que llevar los casos ante la ONU es una oportunidad para que “finalmente se rindan cuentas por sus desapariciones, responsabilizando a México en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Por su parte, la directora ejecutiva de Propuesta Cívica, Sara Mendiola, subrayó que “en las últimas décadas, México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas”.
Añadió que las desapariciones de Aguilar y García Apac “dan testimonio de la grave impunidad que persiste, la ausencia de una política penal pública para investigar diligentemente las violaciones graves y la falta de voluntad del Estado mexicano para castigar estos delitos y evitar que se repitan. El acceso a la justicia para las víctimas sigue siendo un camino solitario y tortuoso”.
Ambos casos han sido señalados por negligencias en las investigaciones, incluso, en 2024, un tribunal mexicano reconoció violaciones a los derechos de Aguilar Cansimbe debido a la falta de búsqueda inmediata y la omisión de pruebas clave, aunque las medidas ordenadas por el juez no han sido aplicadas.
En el caso de García Apac, un juez federal dictaminó que tanto la Fiscalía Especial para los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) como la Comisión Nacional de Búsqueda incumplieron con su deber de diligencia, sin que hasta la fecha se ejecuten las órdenes judiciales.
Las organizaciones recordaron que en México al menos 28 periodistas han desaparecido, la mayoría durante la llamada “guerra contra las drogas”, iniciada hace casi 24 años, y que todos los casos permanecen impunes.
Estas denuncias se suman a las ya presentadas en 2022 por los casos de Mauricio Estrada Zamora y Ramón Ángeles Zalpa, también periodistas michoacanos desaparecidos.
El Comité de la ONU admitió ambos expedientes en 2023 e inició su análisis, y en abril de 2025, el gobierno mexicano respondió negando responsabilidades en el caso de Ángeles Zalpa, lo que fue refutado por RSF y Propuesta Cívica, quienes señalaron que el Estado ha incurrido en violaciones “tanto por acción como por omisión”.
Las organizaciones solicitaron al Comité que reconozca la responsabilidad internacional del Estado mexicano en las desapariciones forzadas de periodistas, ordene investigaciones independientes con perspectiva de género, establezca reparaciones integrales para las familias y mecanismos internacionales de supervisión para garantizar la no repetición de estos crímenes.
