Mirador Ambiental

México estuvo presente en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil, en donde se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Desde el año 2012, veinte años después, el gobierno mexicano reconoció en la Ley General de Cambio Climático la importancia de atender las causas y consecuencias de este fenómeno planetario.

Los fenómenos climáticos extremos han ocasionado daños a la vida, a la salud, a la economía y a la gobernabilidad de los mexicanos en magnitudes crecientes y relacionadas con el incremento de la temperatura global y el comportamiento de las corrientes oceánicas, según los estudiosos.

Tan solo entre 2013 y 2023, conforme a datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), eventos ocasionados por el cambio climático provocaron en el país el desplazamiento de 1 037 910 personas.

La sequía del 2024, expresión de esta misma fenomenología, ocasionó pérdidas económicas graves al país. De acuerdo con datos del INEGI el país tuvo una pérdida de 1.38 billones de pesos por degradación de suelos y de ecosistemas y se vieron afectadas 43 mil hectáreas de cultivos en Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, que equivale al 41 % del Producto Interno Bruto nacional. Conforme a datos de Conagua y del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, se advierte que el fenómeno del “Niño” que está en curso, y que se extenderá hasta el 2027, podría ser más extremo que el vivido en el 2024.

Las valoraciones de estas instituciones y la historia reciente del comportamiento climático en el país deberían ser punto de partida para diseñar políticas públicas anticipatorias por parte del gobierno de la República, de tal suerte que una parte bien justificada del presupuesto pueda ser asignada a estas acciones para prevenir y mitigar, y para que el daño humano y económico sea el menor. En contraste, preocupa que en el proyecto del presupuesto federal 2027, el rubro de Cambio Climático aparezca con un recorte del 27.57 %, es decir, 50 mil millones de pesos. Así el financiamiento para Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, pasó de 210 millones en 2026 a 160 millones en 2027.

En análisis realizados al proyecto de presupuesto por Fundar y otras organizaciones civiles indican que los rubros más afectados han sido los programas de género que fueron descartados y el gasto en mitigación disminuyó, principalmente en rubros como la reducción de emisiones. De por sí México está identificado como de alta vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos, ocupando el lugar 68 entre 181 naciones consideradas, pero además se ubica en el lugar 16 entre los países emisores de gases de efecto invernadero.

De concretarse la reducción presupuestaria para atender la fenomenología de Cambio Climático, México consolidaría o incluso agravaría el estatus que hasta ahora tiene de ser una nación con un desempeño “críticamente insuficiente”, bajo una condición singular: contar con una legislación avanzada, pero con grandes fallas en la implementación. Por las anteriores razones, la organización Climate Action Tracker, también califica las metas del gobierno mexicano como “altamente insuficientes”.

Bajo este escenario presupuestal adverso, los mexicanos enfrentaremos el “Niño” 2026-2027 de intensidad extrema que ya está en marcha.

La omisión ante las advertencias y la ausencia de políticas bien focalizadas en la cuestión climática podría llevarnos a un escenario más difícil que el ocurrido durante la ola de calor y sequía del 2024. La subestimación de esta realidad, muy de moda entre los ideólogos de algunos gobiernos poderosos del mundo, que consideran al Cambio Climático como una tomadura de pelo, una falacia, para de ello derivar políticas económicas de mayor explotación de subsuelos, ecosistemas y negarse a acciones de transición energética, podría conocer, por la vía de los hechos, una crítica frontal a esa subestimación durante los próximos meses.

En esa ruta también estaría México que, en los últimos años de manera progresiva, ha abandonado los compromisos ambientales establecidos en su legislación, demostrando con hechos que la agenda ambiental es secundaria frente al productivismo no sustentable, por ejemplo, los casos del Tren Maya que derribó 7 millones de árboles, el acuerdo administrativo del 24 de octubre de 2025 con el que se entregaron los bosques de Michoacán a los aguacateros ilegales, o la autorización del fracking para la extracción de petróleo no convencional.

También los hechos de la fenomenología climática, en gran parte impulsados por el calentamiento global, irán obligando a los gobiernos del mundo y a sus sociedades a colocar la agenda climática como una prioridad en materia presupuestaria. Como pintan las cosas, la humanidad aprenderemos por las malas. Los daños a la propia productividad, a la seguridad humana y a la salud, como ya ha ocurrido, obligarán a hacer lo que ahora se niegan a hacer.

*El autor es especialista en temas de Medio Ambiente, analista político, e integrante del Consejo Estatal de Ecología de Michoacán