El Derecho a la Ciudad

PATRIMONIO HISTÓRICO EN RENTA 

Salvador García Espinosa

La semana pasada en sesión del Cabildo, durante la aprobación de la Ley de Ingresos para el 2026 del municipio de Morelia causó controversia el hecho de que se incluyera la posibilidad de tener como fuente de ingreso la renta del Palacio Municipal para eventos sociales privados. Por novedoso que parezca, la realidad, al menos en edificios bajo la administración del Gobierno del Estado, como Palacio Clavijero y Casa de la Cultura, se rentan, y cada vez con mayor frecuencia, para eventos privados, como bodas, cenas corporativas, eventos gastronómicos, etc.  

El argumento principal detrás de la propuesta municipal es la oportunidad de generar recursos para su mantenimiento, seguramente acontece igual en los demás casos de inmuebles de carácter histórico. Además, claro está, de una evidente demanda de personas o empresas interesadas en aprovechar la amplitud, la majestuosidad de los inmuebles y obviamente su carácter y significado histórico.  

Habrá que comprender que la polémica, más allá del trasfondo político que pueda existir, obedece a las diferentes posiciones que con respecto al patrimonio tenemos como miembros de una sociedad. Habría que comenzar por aceptar que el “patrimonio” es una construcción social, no existe en los edificios o las cosas, sino que la sociedad asigna este valor con base en diversos criterios que legitima por su relación con la identidad al hacerlos referentes simbólicos.

Dado que la sociedad se compone de una diversidad de individuos, no se puede hablar de una sola manera de pensar, con respecto a lo que se denomina patrimonio y de una u otra forma, con el paso del tiempo, predomina una u otra postura; dependiendo de quienes ostentan el poder y las decisiones. Néstor García Canclini identifica al menos cuatro:

Una postura que predominó por muchos años fue la que se califica como conservacionista, que busca rescatar, preservar y custodiar el  patrimonio  histórico como sustento del discurso nacionalista que fortalece al  poder público. Esta propició el predominio de museos y espacios culturales como un fin para conservar el patrimonio edificado.

Una postura tradicionalista, similar a la anterior, pero que privilegió el valor de los inmuebles por su estrecha relación con sectores sociales denominados aristocráticos, y dio pauta a la sacralización del patrimonio y a conservar lo monumental, lo excepcional, como el Palacio de Bellas Artes, grandes catedrales, grandes conjuntos conventuales, etc.

Una posición mercantilista, que ve en el patrimonio una ocasión para valorizarlo económicamente, bajo esta perspectiva se transformaron haciendas, palacios, incluso plazas de toros o industrias en grandes hoteles, oficinas corporativas, etc. Postura que privilegio el uso turístico del patrimonio.

Finalmente, el denominado participacionista, que concibe la conservación de lo patrimonial en relación con las necesidades de la sociedad, donde el valor intrínseco de los bienes forma parte del interés mercantil, pero su legitimación simbólica queda supeditada a las demandas presentes de los usuarios. En otras palabras, las posibilidades de conservación radican en buena medida en su utilidad funcional y no sólo simbólica. 

Cada una de las posturas anteriores ha contribuido a una resignificación del patrimonio, como un proceso mediante el cual se le asigna un nuevo sentido o significado a los inmuebles históricos o patrimoniales, dejando atrás interpretaciones tradicionales que obstaculizaban su integración a nuevas realidades sociales, culturales del presente. Un ejemplo muy evidente en Morelia es el espectáculo de luces y sonido que se presenta sobre la Catedral, y que congrega a cientos de turistas y que nada tiene que ver con el carácter religioso del inmueble. 

Esperemos que el Gobierno Municipal sea muy claro en la reglamentación sobre el tipo de eventos que puedan desarrollarse, la trasparencia en el uso de los recursos y, sobre todo, no olvidar que debe garantizar la realización de eventos culturales gratuitos para el deleite de la población que no tenga posibilidad de pagar la renta del inmueble y así cumplir con la función cultural que, al fin de cuentas fue el argumento para la reubicación de las oficinas administrativas a su nueva sede.