Por JUAN ADOLFO MONTIEL HERNÁNDEZ*

En este mes de septiembre se cumplió un año que entró en funciones juzgadoras y juzgadores del Poder Judicial Federal y Local que resultaron electos del proceso de elección en el año 2025.

La semana pasada, en el Senado de la República, el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, quien se encargó en su momento de llevar a cabo el dictamen y la evaluación de este proceso electivo, señaló que se perdió el 60% de juzgadores y juzgadoras ya capacitadas en este cambio del Poder Judicial de carrera por el de elecciones.

Esto, sin ninguna duda, es una declaración relevante por parte del órgano del Senado de la República y de un legislador encargado de darle seguimiento y justificación a este tipo de nombramiento de juzgadoras y juzgadores.

Pero no solo eso, señaló que debido a esa pérdida de personas ya capacitadas, que ya se había invertido, que ya se les había llevado a cabo una serie de evaluaciones y, al no haber continuado y estar nuevos juzgadoras y juzgadores, se deberá de retrasar la aplicación o el inicio de la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Procesal, que estaría en vigencia a partir de abril de 2027, pero la propuesta es que se posponga para poder actualizar y capacitar a juzgadoras y juzgadores.

Es decir, que, a un año de esa elección, las mejoras que se dijeron en su momento no lo han sido y que se están presentando retrasos por cambiar personal que ya había sido capacitado.

Esto refleja lo que puede ocurrir también en el Instituto Nacional Electoral, porque se han levantado diversas voces tanto de funcionarias y exfuncionarios, como de representaciones partidistas en el Consejo General, indicando que los cambios de funcionarias y funcionarios que se han venido dando de manera unilateral por las nuevas atribuciones de la presidencia están solicitando renuncias y despidiendo gente que ya ha tenido capacitación técnica electoral para este proceso que viene y que ya está en marcha del 2027.

Ojalá que no genere repercusiones también y falta de confianza en los trabajos que se vayan a realizar.

Hasta la próxima.

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*Juan Adolfo Montiel Hernández. Es licenciado en Derecho por la UNAM; Maestro en Ciencia Política por la UVAQ. Doctorante en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Profesor en diversas universidades de Michoacán. Su experiencia laboral la ha desarrollado en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Exconsejero del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

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