Morelia, Michoacán
Por falta de legislación en la materia, aunque se siguen recibiendo y respondiendo solicitudes de información en las dependencias, no hay a dónde recurrir para presentar un recurso de revisión o una queja.
El presidente del Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado, Conrado Paz, declaró que ya se está comenzando a trabajar en una iniciativa de ley para armonizar las leyes secundarias de transparencia, toda vez que el Instituto Michoacano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) se disolvió desde mayo de este año.
De acuerdo con Cinthia Hernández Gallegos, titular de Transparencia de la Secretaría de Contraloría del Congreso del Estado, los procesos de este tipo que quedaron pendientes y los que se hayan presentado hasta ahora, se están almacenando en la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado, que es el órgano garante local, en lo que se legisla al respecto.
La encargada de despacho de Contraloría Interna del Congreso estatal, Brenda Fraga Gutiérrez, informó que serán los Órganos Internos de Control (OIC) de cada dependencia los que asumirán las tareas de acceso a la información y protección de datos personales, en áreas separadas y aunque aseguró que no serán juez y parte, será otra área de la propia Contraloría la que se encargará de resolver los recursos de revisión, quejas y otorgar la calificación de cumplimiento de los sujetos obligados.
En el caso de los partidos políticos, agregó Cinthia Hernández, será el Instituto Electoral de Michoacán (IEM); de los sindicatos, el centro o el tribunal de conciliación laboral, dependiendo el caso.
Esto a nivel estatal, precisó, pues a nivel federal se contempló destinar estas tareas a organismos específicos, Transparencia para el Pueblo, para los temas de información y la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, para la protección de datos personales.
La funcionaria precisó que la intención es que el nuevo sistema de transparencia y protección de datos opere con el 35 por ciento del presupuesto que lo hacía el IMAIP, aunque reconocieron que no saben cuánto costaron o van a costar las liquidaciones que tuvo que hacer el instituto a sus empleados al disolverse.
Por otra parte, Brenda Fraga aclaró que cada poder y cada organismo autónomo tienen su propia estructura de Contraloría, por lo que el funcionamiento será distinto en cada caso y para los poderes, habrá que reformar sus leyes orgánicas, mientras que los organismos autónomos tendrán que hacerlo mediante estatutos.
Conrado Paz expuso que, más que trabajarse en comisiones, la propuesta que envíe el Ejecutivo se analizará directamente en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para darle celeridad, con la intención de que esté votandose en una o dos semanas.
