Morelia, Michoacán, 09 de mayo de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR), está en total desacuerdo con la determinación emitida por la Juez Elizabeth Galicia García, del Centro de Justicia Penal Federal en Morelia, Michoacán, mediante la cual dejó en libertad a Leslie “N”, apodada “La Güera.

Dicha persona fue detenida en un cateo autorizado por el Centro Nacional Especializado en esa materia, realizado en un domicilio en Huandacareo, Michoacán, en el que se localizaron diversas cantidades de metanfetamina, cocaína, marihuana y otros objetos. La detención se efectuó cuando la persona estaba huyendo a un domicilio contiguo al momento del cateo.

La Juez antes mencionada dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Leslie “N” por los delitos que se le imputaron, ordenando indebidamente su libertad inmediata.

Esa libertad la dictó la Juez basándose en argumentos que realmente son insubstanciales, como es el que los participantes difirieran en minutos o segundos

respecto al momento en que ingresaron al domicilio objeto del cateo, o que no hay coincidencia en cuanto al número de ocasiones que el Ministerio Público Federal (MPF) tocó a la puerta del inmueble, cuando eso ni siquiera se requiere ante la autorización judicial para ese cateo. Esos y otros argumentos de la Juez son meros subterfugios que constituyen a fin de cuentas una actitud parcial a favor de quien fue detenida.

La Juez utilizó argumentos vanos que de ningún modo pueden desvirtuar lo esencial: la persona fue detenida en base a un cateo en el que se encontraron sustancias y objetos que son totalmente ilícitos.

La Fiscalía General de la República procederá a impugnar legalmente esa determinación, a la vez que iniciará carpeta de investigación en contra de la Juez, ya que su resolución implica un desconocimiento de la legalidad y utilizó pretextos irrelevantes al dictar una resolución de fondo contraria a las actuaciones seguidas en el procedimiento, que le producen un daño a la seguridad de la nación en esta materia tan relevante, razón por la cual se considera que ha cometido delito contra la administración de justicia.