Morelia, Michoacán | ACG.- Egresados de la Universidad CEUMA denunciaron que llevan hasta ocho años esperando sus certificados de estudios, en su mayoría, mientras que hay otros casos que enfrentan el mismo viacrucis por sus cartas de pasante y títulos profesionales, pese a haber concluido sus carreras y cubierto los pagos correspondientes.

Los afectados aseguran que la falta de estos documentos les ha impedido continuar con estudios de posgrado, concluir procesos de titulación y acceder a oportunidades laborales, mientras la institución mantiene como respuesta que sus documentos “están en trámite”.

Los señalamientos provienen de exalumnos de distintos planteles, entre ellos Morelia, Zacapu, Quiroga y Pátzcuaro, quienes aseguran que los retrasos se extienden por más de tres años y alcanzan a generaciones que concluyeron sus estudios desde 2018.

Algunos afirman que, pese a haber cubierto colegiaturas, reinscripciones y los costos relacionados con sus procesos de titulación, continúan sin recibir la documentación que acredita formalmente sus estudios.

Una de las afectadas, egresada de la generación 2019-2022 de Psicología, relató que terminó su carrera en 2022 y, cuatro años después, todavía no cuenta con su certificado. El documento, explicó, se ha convertido en un obstáculo para concluir formalmente una maestría que ya cursó, debido a que la institución donde estudia el posgrado se lo exige como requisito para continuar con su proceso de titulación.

La egresada aseguró que su caso no es aislado. De acuerdo con los testimonios que ha recabado entre sus compañeros, también existen exalumnos de generaciones anteriores que permanecen a la espera de sus documentos. Aunque no existe una cifra oficial de afectados, sostuvo que el problema podría involucrar a un número considerable de estudiantes y egresados de diferentes campus y carreras.

Ante la falta de soluciones, algunos afectados han recurrido a distintas instancias. La entrevistada señaló que compañeros acudieron ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), mientras que ella y otra egresada buscaron atención ante la Secretaría de Educación Pública. Según su versión, posteriormente fueron canalizadas a una instancia federal para tratar de encontrar una respuesta al problema.

En esos espacios, dijo, también encontraron a otros egresados que enfrentaban dificultades relacionadas con la obtención de títulos y cédulas profesionales.

Uno de los principales reclamos es que, durante años, la explicación recibida por parte de la institución ha sido que los certificados se encuentran “en trámite” y que se realizan pruebas o procesos necesarios para poder entregarlos. Sin embargo, la afectada cuestionó que esa respuesta continúe repitiéndose con el paso del tiempo; como ejemplo, señaló que recientemente recibió nuevamente esa explicación, mientras que una compañera de su misma generación habría obtenido prácticamente la misma respuesta desde 2023.

A los retrasos se suman señalamientos sobre los costos de diversos trámites y documentos. La egresada recordó que durante su carrera pagaba alrededor de mil 250 pesos mensuales, además de reinscripciones y otros conceptos; también relató que en algún momento le solicitaron 800 pesos por un kardex, documento que finalmente le fue entregado sin costo después de insistir ante la institución.

Los testimonios también apuntan a que los procesos de titulación han representado desembolsos importantes para los estudiantes. De acuerdo con las denuncias, algunos egresados habrían pagado cantidades de hasta 27 mil pesos por conceptos relacionados con la titulación, sin que ello haya significado necesariamente la entrega oportuna de todos los documentos correspondientes.

Para los afectados, el problema va más allá de un simple retraso administrativo. Señalan que la falta de certificados, títulos o cartas de pasante les está cerrando oportunidades académicas y laborales, además de mantenerlos en una situación de incertidumbre después de haber concluido y pagado sus estudios.

También piden que las autoridades educativas y las instancias competentes revisen la situación y determinen si existen responsabilidades administrativas o legales.