Morelia, Mich., a 26 de enero de 2026.- La trama que hoy sacude a Michoacán no se escribió en un solo despacho, sino entre oficinas gubernamentales, empresas fantasma y propiedades de lujo en Estados Unidos.

Mientras el gobierno de Silvano Aureoles adjudicaba en silencio un contrato multimillonario de espionaje, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga —señalado por las autoridades como el “rey de las factureras”— movía fichas fuera del país: un rancho de lujo en Florida terminó en manos de un funcionario subordinado del secretario que firmó ese contrato.

Un rancho como pago, una firma como llave

Registros oficiales del condado de Palm Beach revelan que Álvarez Puga cedió los derechos de una propiedad valuada en millones de dólares a Luis Héctor Rodríguez Pérez, entonces funcionario de la Secretaría de Finanzas de Michoacán durante el sexenio de Aureoles. La operación ocurrió en 2022, apenas meses después de que el nuevo gobierno estatal denunciara públicamente la existencia de un contrato de espionaje ilegal heredado de la administración perredista.

El inmueble, ubicado en Wellington, Florida, una de las zonas ecuestres más exclusivas del país, fue adquirido en 2019 por 4.9 millones de dólares. Cuenta con caballerizas, pista de equitación, seis potreros, alberca techada, jacuzzi y siete habitaciones con acabados de lujo. Dos años después, fue transferido sin compraventa, sin pago visible y sin rastro financiero, mediante una figura legal conocida como quitclaim deed.

Casi como cierre de la operación, en 2024 el rancho fue vendido en 7 millones de dólares.

El funcionario, el jefe y la red

Luis Héctor Rodríguez Pérez no era un actor menor. Fue subordinado directo de Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas de Michoacán y el funcionario que firmó el contrato de espionaje. Hoy, Maldonado se encuentra vinculado a proceso por peculado, lavado de dinero y asociación delictuosa, tras ser detenido por Interpol y extraditado a México.

Rodríguez Pérez, además, ha sido apoderado legal de empresas del propio Maldonado desde 2013, y aparece como presidente de la empresa que recibió el rancho en Florida. Fotografías del inmueble publicadas en portales inmobiliarios muestran incluso baúles ecuestres con los apellidos “Maldonado” y “Maldonado Lara”, una imagen que refuerza la cercanía entre el ex funcionario y la propiedad.

El contrato: espionaje disfrazado de “inteligencia financiera”

El origen de todo se remonta a febrero de 2017, cuando la Secretaría de Finanzas de Michoacán adjudicó de manera directa un contrato a Integra Software SA de CV. Oficialmente, el objetivo era el monitoreo de direcciones IP para “inteligencia financiera”. En los hechos, el contrato contemplaba doce terminales de vigilancia operando 24/7 en todo el estado.

El monto real no fue menor: 34.7 millones de dólares, más de 600 millones de pesos.

La tecnología adquirida no era “única en el mundo”, como justificó el gobierno de Aureoles. Se trataba del malware NightHawk, una plataforma de espionaje desarrollada por una empresa israelí ligada a ex directivos de NSO Group, creadora del polémico spyware Pegasus, utilizado para espiar a periodistas, activistas y opositores políticos.

Las mismas caras, los mismos métodos

Aunque Álvarez Puga no aparece formalmente como accionista de Integra Software, el administrador único que firmó el contrato, Raúl García Palacios, ha ocupado cargos clave en empresas, fundaciones y despachos del propio Álvarez Puga. También aparece vinculado a otros contratos federales millonarios que hoy son investigados por la FGR por lavado de dinero y obras inexistentes.

El patrón se repite: empresas pantalla, contratos inflados, dispersión de recursos, fundaciones “sociales” y, al final, beneficios privados fuera del país.

Espionaje, dinero y silencio

La historia no termina en Michoacán. Investigaciones periodísticas previas ubicaron un centro clandestino de espionaje en Santa Fe, en la Ciudad de México, operando desde el mismo edificio donde Álvarez Puga tenía oficinas. Desde ahí se habría espiado incluso a figuras clave del actual gobierno federal.

Pese a la gravedad de los hechos, las investigaciones oficiales avanzan a cuentagotas. Álvarez Puga fue detenido por autoridades migratorias en Estados Unidos en 2025, pero su paradero actual es desconocido. Silvano Aureoles, el ex gobernador bajo cuyo mandato se firmó el contrato, permanece prófugo.

Una pregunta incómoda

Hoy, los documentos públicos dejan una estela difícil de ignorar: un contrato de espionaje millonario, firmado por un secretario hoy procesado, terminó coincidiendo con la entrega de una propiedad de lujo al círculo más cercano de ese mismo funcionario.

La pregunta ya no es si hubo corrupción, sino cuántos más conocían la operación y cuántos se beneficiaron del espionaje pagado con recursos públicos.

Porque mientras Michoacán enfrentaba violencia, crisis financiera y endeudamiento, el dinero del estado galopaba libremente… en un rancho de Florida.