– Una encuesta revela que 1 de cada 9 mujeres afirma haber sido víctima de adulteración de sus bebidas
Ciudad de México a 11 de marzo de 206. – Con el objetivo de cerrar los vacíos legales que dejan en total indefensión a las víctimas de delitos facilitados mediante sustancias químicas, el diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud. La propuesta busca tipificar y sancionar de manera ejemplar la práctica conocida como “drink spiking” o adulteración química de bebidas y alimentos.

El legislador explicó que actualmente la legislación no regula de forma clara la adulteración de bebidas con sustancias químicas (muchas de ellas incoloras e inodoras) para incapacitar a una persona, lo que permite que agresores aprovechen la vulnerabilidad de la víctima para cometer delitos como abuso sexual, robo o violencia. Acciones que vulneran principalmente a las mujeres.

“Esta iniciativa tiene un enfoque claro de protección a las mujeres, porque son ellas las principales víctimas de esta práctica cobarde. No podemos permitir que en bares, antros, restaurantes o reuniones sociales, la diversión se convierta en una trampa. Detrás de una bebida adulterada hay historias de abuso y violencia que merecen justicia”, afirmó Núñez Aguilar.

Para dimensionar la gravedad del problema, el diputado del PVEM citó una encuesta de YouGov que revela que 1 de cada 9 mujeres afirma haber sido víctima de adulteración de sus bebidas, 8% reporta que un familiar fue víctima y un 12% tiene amistades que lo han sufrido.

“Estas cifras reflejan una realidad que ha sido normalizada y subestimada. La baja confianza en las autoridades para denunciar agrava aún más la situación, dejando a las víctimas en el abandono”, subrayó el legislador.

La iniciativa del diputato Ernesto Núñez Aguilar define legalmente la “adulteración química” como la alteración intencional de alimentos o bebidas mediante sustancias no autorizadas para manipular o incapacitar a una persona.

En este contexto se propone la incorporación de este concepto y se establecen penas de 10 a 25 años de prisión y de 100 a 500 días multa para quien suministre narcóticos sin autorización en estas circunstancias. La pena se incrementa hasta en una cuarta parte si el delito es cometido por personal del establecimiento (como meseros o seguridad), y hasta en una mitad cuando la víctima sea menor de edad, adulto mayor o persona con discapacidad para comprender o resistir la conducta.

El diputado ecologista concluyó que esta reforma es un paso fundamental para cerrar los vacíos legales que existen en la persecución de estos delitos, facilitar la denuncia y, sobre todo, mandar un mensaje claro a la sociedad: la seguridad de las mujeres y de todas las personas en espacios de convivencia no es negociable.

“Desde el PVEM estamos convencidos de que para construir un México en paz, debemos empezar por proteger a quienes están en mayor riesgo. Esta iniciativa devuelve la confianza a las víctimas y castiga con todo el peso de la ley a quienes aprovechan la indefensión química para dañar”, finalizó.