Los Ángeles.- El miedo y el enojo se han instalado nuevamente en Los Ángeles ante el inminente regreso de las redadas migratorias a gran escala en el condado, donde más de uno de cada tres residentes es inmigrante y el 55 % habla en su hogar un idioma distinto al inglés.

En las últimas 24 horas, el Gobierno del presidente Donald Trump ha reiterado su intención de aumentar los operativos, tras la decisión de la Corte Suprema este lunes de echar abajo la orden de un juez federal que detuvo temporalmente las redadas migratorias basadas simplemente en la apariencia de las personas, el idioma que hablan, o el trabajo en el condado, el pasado julio.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en un mensaje en X que seguirán “inundando” con sus agentes a Los Ángeles y las zonas aledañas.

Este martes, Gregory Bovino, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que lidera los operativos migratorios en el condado, publicó en X una foto de decenas de agentes con el icónico letrero de Hollywood de fondo.

“Este es el equipo. Son los que están en el terreno… No nos detenemos. No bajamos el ritmo. Seguimos adelante”, dice el mensaje que acompaña la imagen y alimenta el temor a otra pesadilla como la vivida en junio pasado, que desató protestas y el despliegue de soldados en la ciudad.

Más de cinco mil personas fueron detenidas desde junio hasta el 26 de agosto en Los Ángeles por las autoridades migratorias, según cifras citadas por la secretaria de seguridad Nacional, Kristi Noem.

La orden que bloqueó el Supremo había reducido los operativos desde que entró en vigencia en julio pasado, pero aún así los agentes migratorios realizaron varias redadas polémicas como cuando se escondieron en un camión para atraer a jornaleros que esperaban ser contratados en el estacionamiento de un Home Depot, donde han ocurrido al menos cuatro allanamientos y desató aireadas protestas.

Llamado a la solidaridad y la resistencia

La respuesta de las organizaciones que defienden a los inmigrantes y funcionarios públicos no se ha hecho esperar con una convocatoria de solidaridad a toda la sociedad acuñando la consigna “solo el pueblo salva el pueblo”.

Este martes la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), que reúne a las personas que ofrecen trabajo por día y han sido uno de los blancos preferidos de los agentes migratorios en Los Ángeles, convocó una sesión virtual a nivel nacional para hablar sobre la estrategia para enfrentar la nueva ola de redadas que se esperan también en ciudades como Chicago y Boston.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, instruyó nuevamente a los funcionarios de la ciudad reforzar los protocolos y la capacitación de conformidad con la ley municipal que prohíbe el uso de recursos en la aplicación de las leyes de inmigración.

El Sindicato de Trabajadores Campesinos (UFW) hizo un llamado a los empleadores a asumir “la responsabilidad” de proteger los derechos de los trabajadores y establecer una logística adecuada para garantizar su seguridad.

“Instalen una barrera si es necesario, una puerta con llave y un protocolo establecido. Si no tienen una orden judicial, no pueden entrar al lugar y aterrorizar”, dijo Elizabeth Strater, vicepresidenta nacional de UFW en una conferencia de prensa, donde las organizaciones expresaron su enojo por el dictamen del Supremo.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles ha ofrecido a sus estudiantes atender a las clases en línea para evitar exponer a sus padres o a ellos mismos a las redadas.

“Son dos cosas, hay más miedo pero igual me siento más protegido aquí en Los Ángeles, no quiere decir que esté a salvo de caer en manos de la migra, pero estamos más unidos y la gente avisa y ayuda”, dice a EFE Luis, un centroamericano que no quiso dar su apellido por su estatus migratorio.

El inmigrante cuenta que varios de sus familiares vienen rumbo a California desde Georgia y Carolina del Sur porque no aguantan la presión de las autoridades migratorias y locales en esos estados.

“Les dije que se vinieran para acá porque al menos aquí hay más apoyo”, cuenta mientras muestra una tarjeta roja con sus derechos.

El próximo 24 de septiembre está programada la audiencia en el caso de la demanda presentada por inmigrantes y ciudadanos estadounidenses afectados por las redadas, y por organizaciones defensoras de derechos humanos, que argumentan que en los operativos masivos iniciados se han cometido múltiples violaciones constitucionales y discriminación racial enfocada en latinos.