Morelia, Michoacán
La comunidad docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales refrendó su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad sustantiva y la erradicación de toda forma de violencia.
Y, sobre ese tema, emitió un comunicado público citando lo siguiente:
Primero. Reafirmamos nuestro respaldo absoluto a las políticas de prevención, atención y sanción de la violencia de género, en concordancia con los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
Segundo. Asimismo, sostenemos que toda persona integrante de esta comunidad universitaria goza del derecho fundamental a la presunción de inocencia, al debido proceso y a una investigación objetiva e imparcial; principios esenciales del estado de derecho que deben observarse en cualquier procedimiento.
Tercero. Las causas legítimas, particularmente aquellas vinculadas a la igualdad y la justicia de género, no deben ser utilizadas con fines ajenos a la verdad y la legalidad. La vida universitaria, debe rechazar cualquier práctica que distorsione estos principios, al tiempo que rechaza toda forma de violencia o descalificación.
Cuarto. Confiamos en que, apegados a derecho, lo que se acusa, debe probarse; en consecuencia, pedimos a las instancias competentes realizar las diligencias correspondientes con profesionalismo, imparcialidad y apego estricto a la normatividad universitaria y al marco jurídico vigente, garantizando certeza y justicia para las partes involucradas, sin sesgo, ni mala fe.
La comunidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, reitera que, la defensa de los derechos humanos es integral y exige responsabilidad, ética y respeto irrestricto a la dignidad de todas las personas.
Por consiguiente, rechazamos toda acusación infundada, que privilegie intereses personales y políticos, por encima de la vida académica y el estado de derecho que nos debe regir como universidad, sin calumnias y con pruebas de lo que se acusa; lo cual, para todo aquel que se considere profesional del derecho, debe ser prioridad.