La caída y muerte de «El Mencho» no trajo la paz esperada, sino una violenta secuela de reacomodos delictivos que hoy tiene a tres alcaldes michoacanos en el ojo del huracán. En Ecuandureo, Jiquilpan y Zamora, el vacío dejado por el líder delincuencial desató una cacería que ha desnudado la fragilidad, o complicidad, de las corporaciones policiales de la región.

Por ello, urge que la comisión respectiva del Congreso del Estado abandone su pasividad y ejerza su facultad de control, llamando a cuentas a los ediles que hoy parecen extraviados en sus propios discursos. No basta con deslindes mediáticos o declaraciones de coordinación; la sociedad demanda claridad sobre la infiltración criminal en las estructuras policiales de estos municipios.

En Ecuandureo, el escándalo de los once policías detenidos es una bofetada que no puede quedar en el olvido, especialmente para el alcalde Jorge Luis Estrada Vidaurri. El edil debe explicar bajo qué criterios de confianza se entregó la seguridad de los ciudadanos a quienes hoy duermen tras las rejas bajo la sospecha de complicidad con los intereses de un cártel.

Por otro lado, en Jiquilpan y Zamora, los ataques directos y la sospecha de «halconeo» institucionalizado sugieren una complicidad que va más allá de la simple negligencia operativa. El Legislativo tiene la obligación moral y política de citar a los alcaldes, aunque sea en términos informativos, para que entreguen un diagnóstico real, crudo y sin los maquillajes en torno a la seguridad.

Una comparecencia voluntaria sería el escenario ideal para que Jorge Luis Estrada, Gerardo Olloqui y Carlos Soto demuestren, más allá de discursos, de palabras, que ellos, que sus manos están limpias. Y es que Michoacán no debe seguir soportando más complicidades por y no omisión; la seguridad pública no puede sacrificarse en el altar de los pactos políticos inconfesables.

Como en otras ocasiones, los integrantes de la LXXVI Legislatura local tienen en sus manos, otra vez, la oportunidad de marcar un precedente: o se comportan como un verdadero contrapeso que vigila el orden público en el estado, o terminan en el limbo silencioso de una tragedia que sigue carcomiendo el tejido social michoacano. La moneda está en el aire, veremos si se quedará flotando.