Redacción / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. - En respuesta a la reciente oleada de violencia que afectó a familias michoacanas durante los disturbios del pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, los diputados locales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz y Alfredo Anaya Orozco, presentaron una iniciativa para reformar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado, con el objetivo de que este recurso pueda destinarse a la reparación de daños materiales sufridos por personas inocentes en contextos de violencia masiva.

Durante su exposición ante el Pleno, la diputada Sandra Arreola Ruiz enfatizó la urgencia de atender a las víctimas indirectas de estos actos delictivos.

"Hay momentos en la vida pública en los que las cifras se quedan cortas para explicar lo que verdaderamente duele. Detrás de cada vehículo calcinado hay una madre que ya no tiene cómo llevar a sus hijos a la escuela, un trabajador que perdió su herramienta de trabajo o una familia que ve fracturada su estabilidad económica por hechos que nunca provocó", expresó.

La legisladora recordó que, tras los bloqueos y quema de vehículos en la región de Tapalpa, las autoridades de Michoacán han recibido al menos 31 querellas por robo o daño de vehículos vinculados a estos disturbios. "No es una cifra, son 31 historias de patrimonio perdido", subrayó.

Por su parte, el diputado Alfredo Anaya Orozco señaló que, si bien el marco jurídico actual contempla la reparación para víctimas directas de delitos, existe un vacío legal cuando se trata de daños materiales derivados de contextos de violencia masiva, donde no siempre hay una responsabilidad individual.

"La violencia arrasa y el pueblo se queda solo frente a la deuda y la pérdida. El Estado tiene la obligación de voltear la mirada hacia los verdaderos afectados y garantizarles una reparación del daño", afirmó.

La iniciativa propone ampliar expresamente el objeto del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado para que destine recursos a la reparación o reposición de bienes dañados en contextos de vandalismo o violencia masiva; atender de manera inmediata a personas cuyos bienes (vehículos, viviendas o establecimientos comerciales) hayan sido dañados por hechos de esta naturaleza, sin que esto implique la creación de un gasto público nuevo, sino la optimización de un recurso ya existente, así como garantizar que las víctimas indirectas no queden desamparadas, otorgando apoyos económicos para la reparación de su patrimonio.

Los diputados ecologistas hicieron un llamado a sus compañeros legisladores para respaldar esta reforma, subrayando que "la paz no solo se construye con operativos de seguridad, sino también reparando, acompañando y respondiendo cuando la gente más lo necesita".

La iniciativa turnada a comisiones busca ser un parteaguas en la protección del patrimonio de las y los michoacanos que, sin tener responsabilidad alguna, resultan afectados por la violencia en el estado.