El Observatorio de la Guardia Nacional revela opacidad en asignación de efectivos, gasto sin control e incremento de presencia militar sin resultados tangibles en seguridad en Mexico
Morelia, Michoacán.- El despliegue territorial de la Guardia Nacional se ha realizado sin criterios transparentes ni justificación técnica sobre la asignación de efectivos en las entidades federativas, aunque el gobierno federal sostiene que la distribución responde a los índices delictivos, los datos oficiales no lo confirman, de acuerdo con el “Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México”, elaborado por ‘Causa en Común’.
El informe señala que, de 2019 a 2024, la Guardia Nacional pasó de 74 mil 437 a más de 107 mil elementos desplegados en las 32 entidades.
Sin embargo, la concentración de efectivos no guarda relación con los niveles de violencia y ejemplifica con la Ciudad de México donde se mantiene uno de los mayores contingentes, pese a tener una policía local robusta y menor tasa de homicidios que estados como Guanajuato o Michoacán.
En materia de infraestructura, el observatorio reporta la construcción de más de 250 cuarteles a cargo de la Sedena, y agrega que, entre 2019 y 2022, el costo promedio por cuartel pasó de 24.8 millones a 47.8 millones de pesos, mientras que el mantenimiento anual aumentó de 2.8 millones a 367 millones de pesos.
A pesar de estos montos, tanto la Guardia Nacional como la Sedena negaron, en 2024, contar con información pública sobre los gastos y criterios de selección de los sitios de construcción.
El informe también documenta que los terrenos donde se edifican los cuarteles son donados por gobiernos locales directamente a la Sedena y no a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Esta práctica confirma el control militar de la infraestructura y la consolidación de la Sedena como propietaria de las bases de operación.
Causa en Común destaca que la expansión territorial de la Guardia Nacional representa no solo un crecimiento logístico, sino una forma de ocupación institucional permanente del territorio civil por parte del Ejército.
El observatorio cuestiona la ausencia de mecanismos de evaluación sobre el impacto de estos despliegues en la seguridad local y su costo-beneficio para el erario.
Finalmente, el documento advierte que, pese a la magnitud del gasto público y la extensión territorial de la corporación, el despliegue no se ha traducido en resultados verificables en materia de reducción del delito o fortalecimiento de las policías locales.
