Decir que hay “transparencia total” en la entrega de plazas docentes en Michoacán, cuando los procesos se realizan a puerta cerrada, con acceso restringido y sin escrutinio público efectivo es, en el mejor de los casos, un eufemismo. La verdadera transparencia implica:
● Publicar el número real de vacantes disponibles con anticipación suficiente, sin ajustarlas artificialmente al número de egresados de normales
● Explicar públicamente los criterios para determinar cuántas plazas se abren cada año
● Abrir los procesos a observadores ciudadanos independientes y medios de comunicación sin restricciones
● Garantizar que los criterios de evaluación sean públicos, objetivos y aplicados equitativamente a todos los aspirantes
● Rendir cuentas sobre la composición de toda la plantilla docente: cuántos tienen base, cuántos son eventuales, cuáles son las necesidades reales del sistema
● Permitir que cualquier profesionista plenamente calificado pueda competir por una plaza docente en igualdad de condiciones
● Publicar resultados desagregados: quiénes aplicaron, de qué instituciones provienen y cuántos fueron seleccionados
El discurso oficial habla de combatir el “huachicoleo” de plazas, pero ¿cómo se explica entonces que el mecanismo de asignación siga favoreciendo sistemáticamente a un sector específico? ¿Cómo se garantiza que no existan cuotas, compromisos o acuerdos bajo la mesa cuando la propia estructura de gobernanza de USICAMM Michoacán carece de independencia?
Se dice insistentemente desde la oficialidad que se ha “implementado un profundo reordenamiento administrativo”. Sin embargo, lo que hemos observado es precisamente lo contrario: un retorno a prácticas corporativas que habíamos denunciado desde hace más de una década.
Invocar la normativa federal no es suficiente cuando su aplicación local está viciada. La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros puede ser el marco, pero son las autoridades estatales quienes determinan su implementación concreta. Y en Michoacán, esa implementación ha estado marcada por:
● La integración de varias expresiones de la CNTE en espacios de decisión que deberían ser técnicos y autónomos
● La exclusión sistemática de observadores independientes y periodistas de los procesos de asignación
● El diseño de convocatorias que favorecen a un sector específico de aspirantes mediante el mecanismo semiautomático de ajuste de vacantes
● La opacidad sobre la composición real de la plantilla docente y las necesidades del sistema
● La ausencia total de rendición de cuentas sobre la calidad de la formación en las escuelas normales
Celebramos que “la totalidad de la nómina se cubre en tiempo y forma”, pero esto es una obligación básica, no un logro, además de que no siempre sucede en tiempo y forma para todos.. Lo que las maestras, maestros y la sociedad michoacana exigen va mucho más allá: queremos un sistema educativo donde el mérito sea el único criterio, donde la transparencia sea real y no retórica, donde cada peso invertido en educación llegue efectivamente a las aulas.
La autoridad presume la asignación de “poco más de 4 mil plazas docentes de forma transparente y con apego a la norma”. Pero no responde las preguntas fundamentales: ¿Cuántas son de base y cuántas eventuales? ¿Cuántos aspirantes no normalistas participaron y cuántos fueron seleccionados? ¿Cuáles fueron los criterios objetivos para determinar ese número específico de vacantes? ¿Cómo se garantiza que las plazas fueron para los mejores perfiles disponibles y no simplemente para quienes cumplían el requisito de proceder de una normal pública? Y, sobre todo, ¿cuánto personal hay fuera de las aulas?
Es momento de que las autoridades educativas de Michoacán asuman su responsabilidad histórica. No basta con invocar la ley federal cuando su aplicación local está viciada desde el origen. Es necesario:
- Sanear estructuralmente la plantilla de personal educativo estatal, eliminando opacidades, intermediarios y cuotas corporativas que nada tienen que ver con la calidad educativa. Esto implica una auditoría completa, transparente y pública de la nómina educativa, identificando plazas “fantasma”, comisionados y aviadores.
- Dotar de estabilidad laboral y económica real al magisterio michoacano, convirtiendo miles de contratos eventuales en plazas de base para quienes han demostrado su compromiso y capacidad. La precarización laboral docente no es compatible con la excelencia educativa y afecta directamente la calidad de la enseñanza. La federalización de la nómina educativa estatal ya es ineludible.
- Garantizar que siempre se contraten los mejores perfiles disponibles, sin importar su procedencia institucional, mediante procesos genuinamente transparentes, meritocráticos y públicos. Esto requiere eliminar el mecanismo semiautomático de ajustar vacantes al número de egresados de normales y abrir convocatorias verdaderamente competitivas.
- Recuperar la rectoría estatal sobre las escuelas normales de Michoacán, invirtiendo masivamente en su transformación: mejores formadores de docentes, infraestructura de vanguardia, vinculación con la investigación educativa, estándares rigurosos de ingreso y egreso. Si las normales fueran instituciones de excelencia, el debate sobre las plazas sería otro completamente distinto.
- Reformar el Consejo Directivo de USICAMM Michoacán para garantizar su autonomía técnica real y la participación de representantes de la sociedad civil, academia y organismos independientes con voz y voto, no como observadores decorativos. Nadie puede ser juez y parte en su propia causa.
- Abrir todos los procesos de asignación al escrutinio público real, permitiendo la presencia sin restricciones de observadores ciudadanos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil en cada etapa del proceso. La transparencia no es un favor, es una obligación constitucional.
- Publicar información detallada y actualizada sobre la plantilla docente: número de plazas de base, contratos eventuales, vacantes reales, necesidades por región y especialidad, criterios objetivos para determinar las vacantes disponibles, resultados desagregados de los procesos de selección.
- Establecer mecanismos de evaluación y acompañamiento docente que garanticen el desarrollo profesional continuo de quienes ya están en el sistema, independientemente de cómo ingresaron. La excelencia no termina con la contratación, es un proceso permanente.
- Crear mecanismos de rendición de cuentas para las escuelas normales, donde deban reportar públicamente los resultados de aprendizaje de sus egresados una vez que están frente a grupo. Si las normales forman bien, sus egresados tendrán resultados excepcionales con sus estudiantes. Midamos eso.
- Diseñar un plan de mediano y largo plazo para transformar el sistema de formación y selección docente en Michoacán, estableciendo metas claras, indicadores verificables y mecanismos de evaluación externa independiente.
Las niñas, niños y jóvenes de Michoacán no pueden esperar más. Cada ciclo escolar que comienza sin las maestras y maestros que merecen es una generación que pierde oportunidades. La verdadera transformación educativa no se construye con discursos, sino con decisiones valientes que pongan el interés superior de la niñez por encima de cualquier otro.
Porque el futuro de Michoacán sí está en las aulas, pero solo si garantizamos que quienes estén al frente de ellas sean los mejores profesionales posibles, seleccionados con transparencia absoluta, formados con excelencia y trabajando con dignidad laboral plena.
Ahora, consideremos los múltiples beneficios que acarrearía a Michoacán de Ocampo la transparencia plena en la plantilla educativa estatal:
Cuando se contratan los mejores perfiles por mérito genuino, el aprendizaje de las y los estudiantes mejora significativamente. La investigación educativa demuestra consistentemente que la calidad docente es el factor más importante dentro de la escuela para el aprovechamiento académico. Un sistema meritocrático garantiza que cada aula tenga al mejor maestro disponible, lo que se traduce en reducción de rezagos, aumento del aprovechamiento y mayores oportunidades de vida para nuestros estudiantes.
Se daría la dignificación real y profunda del magisterio. La transparencia elimina intermediarios, favoritismos y cuotas sindicales, permitiendo que cada docente sea valorado por su capacidad profesional y no por sus conexiones políticas o corporativas. Un maestro que ingresa por mérito tiene legitimidad profesional inmediata, reconocimiento social y la satisfacción de saber que está ahí por sus propios méritos. Esto transforma la identidad profesional docente y restaura el prestigio social del magisterio.
Habría estabilidad laboral y económica para miles de familias. Un sistema transparente permite planificar mejor la contratación, convirtiendo contratos eventuales en plazas de base para quienes demuestran su compromiso y capacidad. La precarización laboral afecta no solo a los docentes sino a sus familias y, finalmente, a la calidad de su enseñanza. Un maestro con certeza económica y laboral puede concentrarse plenamente en su vocación pedagógica sin la angustia del desempleo cada fin de ciclo escolar.
Se darían el ahorro y la eficiencia presupuestal sin precedentes. La opacidad alimenta la corrupción y el desvío de recursos. La transparencia permite que cada peso destinado a educación llegue efectivamente a las aulas y al salario digno de docentes. Los recursos que hoy se filtran en el camino —plazas “fantasma”, aviadores, comisionados sindicales, intermediarios— podrían traducirse en miles de plazas adicionales, mejores salarios para quien sí trabaja y mejor infraestructura educativa.
Se podría dar por fin la erradicación definitiva del “huachicoleo” de plazas. Con procesos públicos y auditables por instancias independientes, se elimina la posibilidad de que plazas “fantasma”, aviadores o comisionados sindicales drenen recursos que deben destinarse a la enseñanza. La opacidad es cómplice de la corrupción; la transparencia, su antídoto más efectivo. Cada plaza asignada con transparencia es un espacio recuperado.
Se darían procesos continuos de fortalecimiento de la autonomía profesional docente. Maestras y maestros que ingresan por mérito no deben lealtad a caciques ni intermediarios, fortaleciendo su independencia profesional y su compromiso exclusivo con el estudiantado. Un docente libre de compromisos corporativos es un docente que puede ejercer plenamente su vocación, tomar decisiones pedagógicas con autonomía y defender los intereses de sus estudiantes sin presiones externas.
Habría naturalmente atracción de talento diverso y especializado. Abrir las convocatorias a profesionistas de distintas instituciones enriquece la plantilla docente con perspectivas, metodologías y especializaciones que benefician la formación integral del estudiantado. La diversidad de perfiles, siempre y cuando se atiendan los requisitos mínimos esperados en formación inicial docente es riqueza pedagógica por poseer perfiles docentes y disciplinares a la par.
Se incrementaría la participación social y la confianza ciudadana en las instituciones educativas. La transparencia genera legitimidad social. Cuando las familias saben que sus hijas e hijos están con los mejores docentes posibles, seleccionados objetivamente por capacidad y no por conexiones, confían más en la escuela pública. La confianza es el capital social que sostiene cualquier sistema educativo exitoso y es el fundamento para la participación de las familias en el proceso educativo.
Un sistema meritocrático y transparente garantizará que cualquier persona con vocación y preparación pueda acceder a una plaza docente, sin importar su origen socioeconómico, sus vínculos políticos, su capacidad de pagar cuotas o su pertenencia a organizaciones corporativas. La educación pública debe ser el gran igualador social, comenzando por sus propios mecanismos de acceso.
Ahora sí, seríamos ejemplo nacional, con replicabilidad transformadora. Un Michoacán con un sistema educativo verdaderamente transparente y meritocrático se convertiría en modelo para otras entidades, demostrando que sí es posible poner el interés educativo de la niñez por encima de intereses corporativos. Seríamos referente nacional de cómo hacer bien las cosas, atrayendo inversión en educación, talento magisterial de todo el país y reconocimiento internacional.
La educación de excelencia es un derecho constitucional, no un privilegio negociable. La transparencia en la contratación docente no es un favor del gobierno, es una obligación legal y moral. El mérito es un principio de justicia básica que garantiza igualdad de oportunidades.
Finalmente, ¿y si hubiera un concurso de oposición abierto meritocrático para los cargos de la SEE? El ejemplo cunde mejor de arriba hacia abajo.
Mexicanos Primero Michoacán – 16 años defendiendo el derecho a aprender de todas y todos
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Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
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