La coacción electoral en México pone en riesgo la libertad del sufragio, amenazando la integridad del proceso democrático.

Obligar a alguien a votar por determinados candidatos en la inconstitucional elección de impartidores de justicia en México este primero de junio, resulta contrario a derecho, la coerción o coacción que se está realizando a nivel nacional, para votar por determinados candidatos desde las huestes del oficialismo no es propia de un sistema democrático constitucional de derecho, pone en peligro la libertad del sufragio, sin que necesariamente se deban demostrar hechos de violencia, amenazas o algún otro acto material.

En una elección ordinaria, donde intervienen los partidos políticos, son estos los que denuncian hechos de este tipo ante la autoridad electoral, en la elección del próximo 1 de junio no intervienen partidos políticos, la denuncia tendría que venir de los propios candidatos contendientes, sin necesidad de requerirse la ejecución de un acto material o comprobable, por haberse solicitado expresamente el apoyo a una candidatura o candidaturas.

La coacción al voto se actualiza cuando las personas afines al régimen realizan reuniones con fines de proselitismo electoral para señalar la forma en que deben llenar las boletas de votación en cada demarcación territorial, ante la puesta en peligro de la libertad de sufragio, sin que sea necesario acreditar la ejecución de un acto material o comprobable, como la violencia o amenazas, afectando la voluntad del ciudadano elector.

La distribución de un instructivo para el llenado de las boletas por medio de redes sociales y de información vía mensajes electrónicos que influyen en las personas receptoras muchas veces beneficiadas por programas asistencialistas del gobierno mexicano, se ven presionadas para apoyar los intereses políticos del grupo ante la posibilidad de cambiar sus condiciones y prerrogativas asistencialistas; el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busca privilegiar, vigilar y garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en un ambiente alejado de cualquier tipo de situación que pueda coartar sus libertades y por cuestiones ajenas sus convicciones, se vea afectada su voluntad.

Por ello cuando los llamados “servidores de la nación” celebran reuniones con fines de proselitismo electoral en el sentido arriba indicado u orientan el sentido del llenado de las boletas, se actualiza la coacción al voto por ese solo hecho, al sancionarse la posibilidad de que se genere un influjo contrario a la libertad de éste y se ponga en peligro la libertad de las personas de escuchar o no una propuesta electoral, ante la posibilidad de cambiar sus condiciones y prerrogativas asistencialistas.

¿Los candidatos en desventaja respecto de los candidatos del oficialismo denunciaran la circulación de estos “acordeones” electorales? Partiendo de la premisa de que lo que buscan es ser impartidores de justicia, no deberían dejar pasar por alto que la maquinaria del estado les juegue en contra, que lo hará, pero al menos que se dejen sembradas las dudas de si la participación de la ciudadanía fue genuina… @lvarezbanderas