Por: Leovigildo González

Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, alcalde de Zitácuaro, se ha convertido en figura controvertida y, para muchos, en el ejemplo vivo de por qué Michoacán requiere con urgencia un operativo enjambre que desmantele las redes de impunidad y complicidad que operan a la vista de todos, empezando precisamente por este municipio ubicado al oriente del estado.

La reciente agresión física perpetrada por su hermano Juan de Dios Ixtláhuac Orihuela contra el activista social y dirigente priista Raúl Ocelotl Vilchis —quien presentó denuncia penal formal ante la Fiscalía Regional de Zitácuaro (carpeta FRZI-04770-2026) por lesiones y robo de equipo— ha vuelto a colocar al edil en el centro de la polémica.

El incidente ocurrió mientras Ocelotl transmitía en vivo, y las imágenes muestran no solo la agresión, sino la aparente inacción de elementos policiacos municipales presentes en el lugar.

Este episodio revive las sombras que persiguen a la administración de Ixtláhuac Orihuela, especialmente por los homicidios de los periodistas Roberto Toledo (31 de enero de 2022) y Armando Linares (15 de marzo de 2022), ambos del portal Monitor Michoacán.

Los dos comunicadores eran conocidos por sus críticas directas y recurrentes al desempeño del entonces y actual alcalde, y sus asesinatos marcaron un punto de inflexión en la percepción de la libertad de expresión y la seguridad en la región.

La escasa sensibilidad ante la crítica y la aparente tolerancia a la violencia contra opositores o voces incómodas evidencian que algo estructuralmente no funciona en el gobierno municipal.

A esto se suma la presencia dominante de grupos delictivos en la zona, que operan con una impunidad alarmante: basta recordar el caso del líder criminal conocido como “El Barbas”, cuyo rancho contaba con una réplica exacta de un Cinépolis (conocida informalmente como “Zinépolis”), equipada con proyectores, sonido de alta fidelidad y hasta máquina de palomitas, descubierta durante operativos de autoridades en 2025.

Construir una obra de esa magnitud en un rancho privado sin que pase desapercibida para la autoridad municipal resulta, cuando menos, sospechoso y alimenta las acusaciones de complicidad u omisión.

Desde el punto de vista político, el perfil de Ixtláhuac Orihuela tampoco abona a la confianza: construyó gran parte de su carrera bajo las siglas del PRI (fue diputado local y alcalde en periodos anteriores), y en 2021 obtuvo la candidatura a la presidencia municipal gracias a la intervención del entonces gobernador Silvano Aureoles, hoy prófugo de la justicia.

Su adhesión reciente a las filas de Morena (o “neomorenista”, como se le califica) parece más un movimiento oportunista que una convicción ideológica.

Algunas encuestas de dudosa metodología y credibilidad lo colocan incluso como posible contendiente a la gubernatura de Michoacán por Morena, lo que genera preocupación: lejos de fortalecer al partido en el poder, un perfil como el suyo podría detonar una crisis mayor si el Gobierno Federal decide, finalmente, intervenir con firmeza en Zitácuaro para restablecer el orden.

Lo ocurrido recientemente en Tequila, Jalisco, donde autoridades federales no dudaron en actuar incluso contra figuras del círculo cercano al poder, debe servir de advertencia: el Gobierno Federal va por todos, incluidos los que se dicen “de casa”.

En el caso de Zitácuaro, el alcalde aún no ocupa un lugar preponderante en Morena, pero el tiempo de la impunidad se agota.

Zitácuaro no puede seguir siendo la punta del panal. Michoacán necesita un operativo enjambre que empiece por ahí: investigación a fondo, rendición de cuentas, desmantelamiento de complicidades y garantía real de seguridad y libertad de expresión. De lo contrario, seguiremos contando agravios en lugar de soluciones.