Morelia, Michoacán

Entre enero y octubre de este año el Instituto Municipal de Protección Animal (Impa) ha recibido más de mil 700 reportes de maltrato, abuso, abandono, negligencia o crueldad en contra de los animales, señaló la titular de la instancia, Minerva Bautista Gómez.

Expuso que la comisión de delitos en contra de los animales se ha mantenido en los últimos años con una tendencia al alza, además de una creciente visibilización.

Refirió que sólo en el Impa se han detectado casos como Aria, la perrita amarrada con un alambre de púas cuyos humanos la abandonaron para morir, lo que ocasionó la pérdida de una de sus patitas por necrosis y presencia de larvas; Tito, el lomito que fue atropellado por un vecino y luego abandonado, por lo que la gravedad de sus lesiones hizo necesaria la eutanasia; una husky que fue baleada y tirada, al ser dada por muerta, y un perrito golpeado en Altozano, del cual aún no se sabe si sufrirá secuelas permanentes por este maltrato.

Minerva Bautista detalló que uno de los factores que propicia la incidencia al alza de los delitos en contra de los animales es que, “por más crueles que estos sean, no reciben un tratamiento adecuado de parte de las autoridades y no existen sanciones suficientes para desincentivar esas conductas”.

Agregó que “el pasado viernes me reuní con la Fiscalía General del Estado (FGE) y aclaramos varios puntos que son importantes. Uno de ellos es que, por más crueles que sean los delitos en contra de los animales, no tienen un tratamiento adecuado y no hay sanciones suficientemente severas para ayudar a mitigar estas situaciones”.

Y es que se requiere que los denunciantes de casos y el Impa aporten elementos claros para que no solamente se dé una vista, sino una carpeta de investigación. También se precisa determinar si se produjo crueldad o maltrato extremos y definir si el hecho es culposo, fue intencional o una negligencia grave.

Bautista Gómez indicó que la mayor parte de las quejas, reportes y denuncias de delitos cometidos en contra de los animales no llegan a judicializarse porque esto depende en gran medida de los jueces de control, que privilegian los mecanismos alternativos de justicia, y en los pocos casos donde se llega a un juicio por la mínima severidad de las penas de prisión, un máximo de cuatro años, los sentenciados pueden obtener la suspensión de la pena corporal y la prisión preventiva, además de que nadie aplica el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que especifica el tratamiento como grave de la crueldad y el maltrato extremos.

Existen varias iniciativas para buscar incrementar las penas y asegurar que la FGE dispone de los elementos suficientes para integrar carpetas de investigación y, eventualmente, lograr la judicialización de los casos.

No obstante es urgente que se lleve a cabo una reforma al código penal para establecer ello, lo que pasa en primera instancia por la emisión de la ley general de bienestar animal, por parte de la Federación, cuyo plazo de 180 días ya está vencido, así como la armonización de las leyes y normativas locales.

Este panorama complejo “nos desanima, porque nos dice que no hay una protección efectiva para los animalitos. De los muchos casos que hemos conocido en Michoacán, solo existe el antecedente de una persona con sentencia de prisión”.

Recordó que en Morelia se tiene el proyecto de reglamento de protección animal, que prevé el incremento de las sanciones económicas para quienes incurran en maltrato, abuso, abandono, crueldad o negligencia en contra de los animales, las cuales alcanzarán de cinco mil a 50 mil pesos.

Sin embargo, acotó la directora del Impa, no siempre se puede y se debe recurrir a los mecanismos alternativos de solución o la imposición de sanciones económicas, ya que “no todos los daños se reparan, no es posible reparar la pérdida de la vida de un animal, tampoco que este enfrente daños permanentes o que tenga un trauma psicológico que impida su integración a una familia”.