El derecho positivo en México ha venido sufriendo una serie de cambios en la actual administración federal, las reformas constitucionales han impactado severamente la defensa de los particulares frente a actos de autoridad, las impugnaciones que a la fecha no se han resuelto con toda seguridad serán en unos meses motivo de desechamiento o de negativa del amparo y protección de la Justicia de la Unión pedida por ciudadanos a quienes les queda claro el impacto negativo a la nación.
La tarde del pasado miércoles 16 de julio, en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación se publicaron 11 decretos que crean nuevos ordenamientos legales y modifican vía reforma, adición o derogación otros, todos ellos con la finalidad de tener un mayor control de la ciudadanía sin que así sea reconocido por el hoy partido hegemónico.
Con el primer Decreto, reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
El segundo Decreto expide la Ley de la Guardia Nacional y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales.
Mediante el tercer Decreto se expide la Ley General del Sistema de Seguridad Pública; con el cuarto Decreto se expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública; con el quinto Decreto
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y se reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal; con el sexto Decreto se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Con el séptimo Decreto se reforman y adicionan los artículos 47 Bis 4; 60 Bis; 122 y 127 de la Ley General de Vida Silvestre; con el octavo Decreto se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; con el noveno Decreto se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y de la Ley General de Bienes Nacionales, en materia ferroviaria y de armonización normativa.
El décimo Decreto expide la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, la que por cierto se publica en tiempo y forma, atendiendo al artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación administrativa y digitalización, publicado el 15 de abril de 2025. Por último, con el onceavo Decreto se expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y se abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Lo que estamos viviendo es un fenómeno inflacionario en materia legislativa, la creación excesiva de normas como las anteriores genera confusión, inseguridad jurídica y dificulta la aplicación del derecho, su creación no resuelve necesariamente problemas, contrario a ello vendrán una serie de complicaciones al incrementarse la litigiosidad de asuntos frente a un Poder Judicial Nacional socavado por el oficialismo, mientras las escuelas de derecho son rebasadas en sus programas de estudio, sus docentes difícilmente se actualizarán al respecto. @lvarezbanderas
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